Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un plazo de 30 días el Gobierno del Estado deberá responder a la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la reforma al Código Penal y hará valer argumentos de peso para mantener los cambios, dijo el consejero Jurídico del Estado, Abelardo Perales Meléndez.

Dio a conocer que hay dos valores en conflicto, el derecho ciudadano a tener seguridad y el derecho de un inculpado de que la constitución es suprema, "y de que las limitaciones que se establezcan de los derechos que estén en la constitución, valen para todas las autoridades”.

Desde su punto de vista se deben analizar aspectos trascendentales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberá ir a fondo y atender los planteamientos que hará el Estado para analizar el artículo 19 constitucional entre otros, que le dan derecho a la sociedad de vivir con seguridad y en paz.

Perales Meléndez destacó que en el caso de Tamaulipas las extorciones han venido incrementándose, “la sociedad sufre constantemente de estas, creo que hay un reclamo general para detener esto”.

Recordó que la extorción fue aprobada como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa por la reforma al Código Penal del Estado, y es lo que está impugnando la CNDH.

“Pero repito hay dos derechos en pugna es lo que se llama por la doctrina, colisión de derechos fundamentales”, expresó luego de insistir en que la Corte deberá analizar qué derecho prevalece sobre el otro.


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