Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló a los hermanos Hernández Casillas como personajes centrales de una presunta red de empresas beneficiadas con contratos electorales por más de 2 mil millones de pesos, cuya operación, sostuvo, se fortaleció durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que los antecedentes de estos empresarios se remontan al gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando trabajaron en instituciones federales.

De acuerdo con la investigación periodística citada por Sheinbaum, los hermanos estuvieron vinculados con el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En esas dependencias habrían mantenido una relación laboral con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien ocupó cargos directivos en ambas instituciones.

La presidenta sostuvo que, después de su paso por el servicio público, los Hernández Casillas comenzaron a participar como empresarios en contrataciones relacionadas con materiales electorales.

Mencionó que sus actividades comerciales estuvieron relacionadas con el Instituto Electoral del Estado de México, donde se registraron controversias por contrataciones en 1999 y 2005.

Sin embargo, aseguró que la estructura empresarial adquirió mayor presencia entre 2014 y 2023, periodo durante el cual Lorenzo Córdova presidió el INE.

La mandataria cuestionó que distintas empresas relacionadas con los mismos empresarios obtuvieran contratos de organismos electorales estatales durante varios años.

También señaló que algunas de esas compañías presuntamente actuaban como intermediarias, sin fabricar directamente los materiales que suministraban.

“Son coyotes, ni siquiera ellos producen, son empresas intermediarias”, expresó al referirse a parte de las compañías mencionadas.

Sheinbaum cuestionó además que Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien relacionó con los antecedentes profesionales de los empresarios, aparezca actualmente vinculado con una organización política cercana a Guadalupe Acosta Naranjo y Lorenzo Córdova.

La presidenta consideró necesario investigar cómo se otorgaron los contratos, quiénes participaron en las decisiones y si existieron irregularidades en los procedimientos de adquisición.

También informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias a partir de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

No precisó en ese momento la identidad de todos los titulares de las cuentas ni el monto de los recursos inmovilizados.

La mandataria insistió en que las investigaciones deben determinar las posibles responsabilidades de empresarios y servidores públicos.

Hasta ahora, los señalamientos expuestos por la presidenta no equivalen a una resolución judicial que acredite delitos cometidos por los empresarios mencionados.