Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas ejercerá alrededor de mil 100 millones de pesos durante 2027, recursos que permitirán avanzar en la construcción de 31 nuevas salas y poner en marcha el sistema de oralidad civil y familiar en Ciudad Victoria, informó la magistrada presidenta, Tania Gisela Contreras López.

Explicó que el presupuesto proyectado representa un incremento cercano al 20 por ciento respecto al ejercicio anterior y contempla los recursos necesarios para ampliar la infraestructura judicial, así como la nómina del personal que participará en la implementación de la oralidad en materia civil y familiar.

La presidenta del Poder Judicial señaló que Ciudad Victoria será la sede de la primera región donde comenzará este nuevo modelo de impartición de justicia, por lo que ya se consideraron las plazas y los requerimientos de personal dentro de la propuesta presupuestal.

Indicó que el aumento también permitirá mantener la nivelación salarial aplicada durante marzo de este año a trabajadores que percibían ingresos inferiores al salario mínimo.

Recordó que anteriormente existían empleados del Poder Judicial con percepciones de seis y siete mil pesos mensuales, por debajo del salario mínimo, que se ubicaba entonces en aproximadamente nueve mil 800 pesos.

Con la actualización salarial, agregó, se busca que los trabajadores alcancen percepciones acordes con el mínimo establecido, que para el próximo año rondará los 10 mil pesos mensuales, de acuerdo con las estimaciones mencionadas.

Contreras López reconoció el respaldo presupuestal recibido durante el presente ejercicio y explicó que la ampliación autorizada este año deberá quedar incorporada formalmente en el presupuesto ordinario de 2027, a fin de garantizar los recursos para cubrir los compromisos salariales y operativos.

Por otra parte, la magistrada presidenta se refirió a la responsabilidad que implica proporcionar información falsa ante una autoridad, al señalar que presentar hechos que no ocurrieron también puede constituir una conducta sancionable.

Explicó que, cuando una persona acude ante una instancia oficial y refiere acontecimientos falsos, puede incurrir en responsabilidades legales.

Añadió que la persona que se considere afectada por una denuncia basada en hechos falsos tiene la posibilidad de acudir ante la Fiscalía General de Justicia para presentar la denuncia correspondiente y que las autoridades determinen si existe alguna responsabilidad.