Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) anunció un histórico despliegue de fiscalización que revisará 25 años de contrataciones y adquisiciones del sistema electoral mexicano (periodo 2000-2025).

Esta medida abarca las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Se investigará proveedores, concentración de contratos y posibles prácticas ilegales.

De acuerdo al comunicado que hoy emitió la ASF el alcance de la revisión incluye a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), entre ellos el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), cuyas contrataciones estarán comprendidas en el estudio histórico.

El anuncio ocurre pocos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara transparentar dichos contratos, y en medio de un escándalo de corrupción que involucró contratos millonarios y derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.

La ASF confirmó que desarrolla tres líneas de trabajo para investigar irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinados al funcionamiento de las instituciones electorales.

La primera consiste en investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas realizadas por los organismos electorales estatales, el Instituto Nacional Electoral y su antecesor, el Instituto Federal Electoral.

La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas durante 25 años, para identificar patrones de contratación y posibles relaciones recurrentes con determinados grupos empresariales.

Esta revisión permitirá examinar la concentración de proveedores en los organismos electorales y comparar los esquemas de contratación utilizados por el IFE, el INE y los OPLE.

El análisis también buscará identificar posibles prácticas ilegales relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, tanto de empresas contratistas como de servidores públicos involucrados.

La tercera línea establece una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales en las entidades federativas.

También se destaca que los trabajos de inteligencia y la información solicitada a los estados ya advierten múltiples irregularidades históricas en el gasto público electoral.

La ASF no precisó cuáles organismos presentan esas anomalías, tampoco identificó empresas, funcionarios, contratos específicos o montos de recursos presuntamente comprometidos durante el  periodo investigado.

La ASF aseguró que sus investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.