Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La consejera electa del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), María Isabel Tovar de la Fuente, advirtió que los organismos electorales deben fortalecer la fiscalización de recursos públicos, revisar sus mecanismos de contratación e implementar auditorías externas ante los cuestionamientos sobre el manejo administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Sus declaraciones se producen en medio de la crisis institucional y la presunta renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo nacional, situación que, sostuvo, obliga a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

“La situación que enfrenta actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) obliga a todas las autoridades electorales del país a reforzar los mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas para preservar la confianza ciudadana”,consideró.

La funcionaria, quien anteriormente encabezó la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE dentro del IETAM, señaló que los cuestionamientos administrativos deben atenderse mediante mecanismos de supervisión que permitan detectar posibles irregularidades.

Desde su experiencia en fiscalización, planteó la necesidad de incorporar auditorías externas y mecanismos de participación ciudadana para vigilar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios.

También consideró necesario revisar la concentración de contratos entre proveedores de materiales electorales, con el propósito de evitar prácticas que limiten la competencia en las contrataciones.

Tovar de la Fuente, quien tiene previsto rendir protesta como consejera del IETAM el martes 3 de noviembre, sostuvo que la credibilidad de las instituciones depende de la vigilancia permanente sobre el ejercicio presupuestal.

"Para nosotros como OPLE y obviamente también para el INE, nuestra obligación es preservar la confianza ciudadana", señaló.

La consejera electa explicó que los procedimientos de contratación, compras y adquisiciones no deben considerarse únicamente asuntos administrativos, debido a que involucran directamente el manejo de recursos públicos.

En ese sentido, afirmó que cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe investigarse y que, si se acreditan responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones previstas en la ley.

Otro de los aspectos que consideró necesario revisar es la concentración de facultades administrativas en las presidencias de los organismos electorales.

Sostuvo que los integrantes de los consejos electorales deben participar activamente en la supervisión de decisiones relacionadas con el presupuesto y las contrataciones institucionales.

"Los consejeros debemos ser un ojo vigilante", expresó.

Para Tovar de la Fuente, el funcionamiento de los órganos colegiados representa un mecanismo de control que permite revisar las decisiones administrativas y reducir los riesgos de un manejo discrecional de los recursos.

La consejera electa insistió en que la vigilancia presupuestal y la rendición de cuentas deben mantenerse como obligaciones permanentes, independientemente de los cambios en las dirigencias de los organismos electorales.

Sus planteamientos se centran en fortalecer los controles internos, transparentar las adquisiciones y garantizar que las posibles irregularidades sean investigadas, sin anticipar responsabilidades mientras no concluyan los procedimientos correspondientes.