Ciudad de México.- Las autoridades no podrán realizar determinadas actuaciones dentro de un proceso penal cuando una persona indígena no cuente con un intérprete que le permita comprender el procedimiento y ejercer sus derechos, de acuerdo con una iniciativa presentada por el senador de Morena, Víctor Mercado Salgado.

El legislador propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la legislación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito de establecer reglas más precisas para garantizar asistencia lingüística durante los procedimientos judiciales.

Mercado Salgado señaló que, aunque las leyes actuales reconocen el derecho de las personas indígenas a contar con intérpretes, no establecen suficientemente los criterios para garantizar una atención adecuada desde una perspectiva intercultural.

La propuesta establece que la interpretación deberá proporcionarse de manera oportuna, efectiva y culturalmente pertinente, considerando la lengua y, cuando corresponda, la variante lingüística de cada persona.

También plantea que las autoridades realicen sin demora las gestiones necesarias para localizar intérpretes acreditados.

Cuando no sea posible encontrar oportunamente a una persona certificada, se permitiría designar a alguien que demuestre conocimientos suficientes de la lengua y cultura correspondientes, previa verificación de su idoneidad.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, mientras no se garantice la asistencia lingüística necesaria, no podrán realizarse actuaciones que requieran la intervención, manifestación de voluntad o ejercicio de algún derecho procesal de la persona afectada.

La propuesta contempla excepciones para actos urgentes previstos legalmente, siempre que no se vulneren los derechos de la persona involucrada.

El proyecto también busca fortalecer la coordinación entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las autoridades responsables de procurar e impartir justicia, para atender oportunamente las solicitudes de interpretación.

En los casos relacionados con personas detenidas o procedimientos sujetos a plazos constitucionales y legales, se establecerían mecanismos de atención prioritaria.

Mercado Salgado sostuvo que el acceso a la justicia no se limita a contar con tribunales y procedimientos legales, sino que implica que las personas puedan comprender los procesos, comunicarse con las autoridades y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado para su análisis y dictaminación.