Ciudad de México (Xinhua) .- El Gobierno de México rechazó que autoridades de Texas puedan reclamar como propiedad estatal nueve islotes ubicados en el río Bravo, al advertir que la soberanía y los límites fronterizos con Estados Unidos están establecidos mediante tratados internacionales y no pueden modificarse por decisión unilateral de una entidad estadounidense.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió al anuncio de la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, quien declaró que las nueve formaciones territoriales pertenecen a ese estado y anunció que quedarían bajo resguardo de corporaciones de seguridad y dependencias militares texanas.

En un comunicado, la Cancillería mexicana recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional en el río Bravo sigue el centro del cauce normal, criterio que determina la soberanía de los terrenos ubicados a ambos lados del límite.

La dependencia precisó que ninguna autoridad estatal estadounidense tiene facultades para determinar unilateralmente a qué país pertenecen las islas.

Para resolver este tipo de controversias existe la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional facultado para aplicar los tratados y establecer de qué lado de la frontera se encuentra cada formación territorial.

Texas reclama 26 hectáreas

De acuerdo con el anuncio de Buckingham, los nueve islotes tienen una superficie conjunta de 66 acres, equivalentes a poco más de 26 hectáreas, y se encuentran en una franja del río Bravo que comprende desde Laredo hasta McAllen.

La funcionaria texana informó que los terrenos quedarían bajo resguardo del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento Militar de Texas.

Aunque reconoció que hasta ahora no se ha detectado que esas áreas sean utilizadas para actividades delictivas, argumentó que podrían representar puntos vulnerables para ese tipo de operaciones.

Ante este escenario, la SRE también recordó que el tratado internacional establece restricciones para la construcción de obras que puedan modificar el comportamiento natural del río.

En particular, señaló que ninguno de los dos países puede realizar trabajos que, a juicio de la CILA, desvíen u obstruyan el escurrimiento normal del cauce.

El Gobierno mexicano aseguró que dará seguimiento puntual a cualquier acción relacionada con los islotes y reiteró que las diferencias sobre los límites territoriales deben atenderse mediante los mecanismos diplomáticos y binacionales establecidos.

La controversia vuelve a colocar bajo atención la delimitación de la frontera entre Tamaulipas y Texas, donde el río Bravo constituye una referencia geográfica fundamental para ambos países.