Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Presuntas irregularidades financieras por más de 14 millones de pesos en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) derivaron en denuncias y expedientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), confirmó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo. 

Las observaciones corresponden a la cuenta pública de 2023 y están relacionadas con posibles faltas administrativas graves en el manejo de recursos públicos.

La funcionaria detalló que el ITCA concentra observaciones por aproximadamente 8 millones de pesos, mientras que en el INDE se detectaron inconsistencias financieras por más de 6 millones de pesos.

Los montos forman parte de investigaciones administrativas que buscan establecer si existieron responsabilidades de servidores públicos y determinar el destino de los recursos observados.

“La obligación institucional es aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas cuando se presume una falta grave; si de ello se desprende una conducta tipificada como delito, corresponde a la autoridad investigadora presentar la denuncia ante la Fiscalía”, explicó.

Investigan manejo de 8 millones en el ITCA

En el caso del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, las observaciones surgieron de una auditoría que identificó inconsistencias en la administración de recursos durante el ejercicio fiscal 2023.

Las investigaciones comprenden posibles actos irregulares ocurridos dentro del periodo de octubre de 2022 a agosto de 2024, cuando el organismo estuvo encabezado por Brenda Denisse de la Cruz López.

Sin embargo, la autoridad no precisó qué operaciones originaron las observaciones ni identificó públicamente a los servidores públicos señalados en los expedientes.

INDE acumula observaciones por más de 6 millones

Respecto al Instituto del Deporte de Tamaulipas, Pedraza Melo confirmó que las irregularidades financieras detectadas superan los 6 millones de pesos, también correspondientes a la cuenta pública de 2023.

“Los expedientes correspondientes a esta anomalía (vinculada a la administración pasada) también fueron turnados al Tribunal para dar continuidad al proceso sancionatorio”, indicó.

La secretaria explicó que las facultades de su dependencia dependen de la gravedad de las faltas identificadas durante las investigaciones.

“Normalmente el tipo de sanciones que aplica esta institución, es decir la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, son lo que nos marca la Ley de Responsabilidades Administrativas en faltas no graves, que son amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, suspensiones, destituciones o inhabilitaciones”, detalló.

Precisó que, tratándose de faltas administrativas no graves, la Secretaría Anticorrupción puede imponer inhabilitaciones de hasta un año, mientras que los asuntos considerados graves deben ser remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.

“De ahí que, las graves, sean turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa para que resuelva en el ámbito de su competencia”, sostuvo.

El TJA deberá resolver las posibles sanciones administrativas y económicas, mientras que la Fiscalía Anticorrupción investigará si existen elementos para proceder penalmente.

Hasta ahora, los más de 14 millones de pesos constituyen montos observados en las investigaciones, sin que ello represente una determinación definitiva de daño patrimonial o responsabilidad penal.

Los expedientes permanecen en trámite y corresponderá a las autoridades competentes establecer las responsabilidades que procedan.