Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó la minuta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que plantea exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta fue remitida por el Senado de la República y será incorporada al informe que el órgano legislativo estatal presentará ante el Pleno. La discusión de la reforma en el Senado generó posturas encontradas sobre sus efectos en los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. 

Al presentar la minuta, el diputado Elifa Gómez explicó que quienes posean otra nacionalidad tendrían que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura para alguno de esos tres cargos ejecutivos.

La modificación también establece restricciones durante el ejercicio del cargo: quienes ocupen esas posiciones no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta de la mexicana.

El alcance de la propuesta no implica eliminar de manera general la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad. La restricción está dirigida específicamente a quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto ha provocado posiciones contrapuestas en el Congreso de la Unión. Senadores del PAN argumentaron durante la discusión del 29 de septiembre que la modificación representa una restricción a los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y particularmente de comunidades migrantes. 

La propuesta, en contraste, parte del criterio de establecer una vinculación jurídica exclusiva con México para quienes ejerzan esas responsabilidades del Poder Ejecutivo.

Tras avalar la minuta, la Diputación Permanente convocó a Sesión Pública Extraordinaria para este miércoles 30 de septiembre, con una Junta Previa programada a las 8:40 horas en el Recinto Legislativo.

Al tratarse de una modificación a la Constitución federal, su entrada en vigor depende del procedimiento previsto para las reformas constitucionales y no únicamente de la decisión adoptada por el Congreso de Tamaulipas.