Ciudad Victoia, Tamaulipas.- Los programas sociales federales están protegidos por la Constitución y no pueden ser condicionados a cambio de apoyo político o votos, sostuvo el delegado de los Programas Federales para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien defendió la universalidad de estos apoyos y afirmó que actualmente cuentan con mecanismos que buscan impedir prácticas de intermediación y clientelismo.

El funcionario consideró que la normalización de los programas sociales como derechos ciudadanos fortalece su legitimidad y contribuye a consolidar una relación más equitativa entre el Estado y la población, particularmente con los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con Reyes Rodríguez, estos esquemas representan herramientas de redistribución del ingreso y compensación social, diseñadas para impulsar el desarrollo sostenible y reducir las brechas de desigualdad en el país.

“En palabras claras, los programas sociales existen para mejorar las condiciones de vida de la población y para reducir la pobreza y la desigualdad en sectores de alta prioridad”, subrayó Reyes Rodríguez.

Entre los apoyos que actualmente forman parte de la política social federal se encuentran la pensión para Adulto Mayor, el programa Mujeres Bienestar y diversos esquemas de becas educativas, beneficios que, según precisó el delegado, se entregan sin distinción partidista y bajo criterios establecidos por la ley.

Aseguró que los programas, como la pensión para Adulto Mayor, el programa de Mujeres Bienestar o las becas, no son usados en beneficio político alguno, toda vez que son derechos universales consagrados en el Artículo cuarto de la Constitución, y su entrega no está condicionada a la afiliación a ningún partido político, y su uso electoral constituye un delito grave.

Uno de los principales cambios, explicó, es la eliminación de intermediarios en la dispersión de recursos. Actualmente, los beneficiarios reciben los apoyos mediante depósitos directos en tarjetas bancarias, mecanismo que busca garantizar transparencia y reducir riesgos de manipulación política.

Sostuvo que todos los programas asistenciales que otorga la federación “están blindados”, porque la diferencia es que los beneficiarios cuenta con una tarjeta bancaria donde se les hace su dispersión, no hay intermediarios, reiteró el funcionario.

Reyes Rodríguez reconoció que en administraciones anteriores persistieron prácticas que permitían el uso político de los programas asistenciales, situación que, dijo, afectaba la confianza ciudadana y vulneraba el propósito original de estos apoyos.

Reconoció que anteriormente se podía manejar políticamente los programas asistenciales, pues persistía una práctica desafortunada de irresponsabilidad y clientelismo, en la que personas o grupos convertían estos apoyos en moneda de cambio político, vulnerando la dignidad ciudadana y debilitando la democracia.

El delegado insistió en que la protección legal de los programas sociales y los mecanismos de entrega directa buscan garantizar que los recursos públicos lleguen a los beneficiarios sin condicionamientos, preservando su carácter de derecho y no de concesión política.