Ciudad de México.- Estados Unidos escaló este miércoles la tensión diplomática con México al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico. 

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, dio a conocer a través de un documento difundido por el Departamento de Justicia  una lista de funcionarios señalados por supuestamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa, a quienes habrían brindado protección e información a cambio de sobornos y respaldo político.

En la relación de acusados figuran el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, así como mandos de seguridad estatal, integrantes de la fiscalía y de corporaciones policiales en Sinaloa. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno estadounidense ha solicitado la detención con fines de extradición de las personas incluidas en la lista, aunque precisó que dichos requerimientos no han sido acompañados de elementos probatorios que sustenten las imputaciones. 

El caso será analizado por la Fiscalía General de la República para determinar si existen bases jurídicas conforme al sistema mexicano.

De acuerdo con el fiscal Clayton y el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, los cargos contra Rocha Moya incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para su uso. 

Estas acusaciones contemplan penas mínimas de 40 años de prisión y, en determinados supuestos, la posibilidad de cadena perpetua. El senador Inzunza y el resto de los funcionarios señalados enfrentan imputaciones similares.

En el caso del excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán, se añaden señalamientos por su presunta participación en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar.

Tras la difusión de las acusaciones, la SRE reiteró que los documentos enviados por Estados Unidos no incluyen pruebas que acrediten la responsabilidad penal de los señalados, por lo que su validez será revisada por la autoridad ministerial mexicana.

Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones a través de sus redes sociales, donde afirmó que se trata de señalamientos sin sustento que vulneran la soberanía nacional y forman parte de un ataque político contra el movimiento de la Cuarta Transformación. 

En la misma línea, el senador Enrique Inzunza negó su participación en los hechos y sostuvo que su origen en Badiraguato no puede ser utilizado como base para criminalizarlo.