Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Por no tener aprobados los exámenes de control y confianza, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción Raúl Ramírez Castañeda ha sido informado de que no tiene autorización para portar un arma de fuego, ya que no ha acreditado los exámenes de control y confianza requeridos, esto tras lo declarado por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), Irving Barrios Mojica,

“El porte de arma de fuego exige que se justifique la existencia de una situación de riesgo respaldada por la Fiscalía, así como la aprobación de los exámenes de control y confianza”, refirió.

Por lo que Ramírez Castañeda no cumple con este último requisito, aseguró el titular de la FGJT.

Aunque el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) tiene derecho a contar con un determinado número de escoltas y una unidad blindada, fue el propio Ramírez Castañeda quien en el pasado rechazó estas medidas de seguridad, considerándolas innecesarias.

Sin embargo, Barrios Mojica reconoció la existencia de un escrito en el que Ramírez Castañeda solicitó más escoltas, una unidad blindada y permiso para portar arma de fuego.

El titular de la FGJE explicó que hay un Comité encargado de asignar las medidas de protección y seguridad a los funcionarios y a todas las personas involucradas en procesos penales, ya sean víctimas o servidores públicos.

Ante esta situación, el fiscal general de Justicia destacó que, “antes de otorgar protección a cualquier persona que lo solicite, se debe realizar un estudio para tomar decisiones adecuadas. Estas medidas no son discrecionales, sino que se basan en un examen y análisis exhaustivos”, dijo.

Barrios Mojica aclaró que Ramírez Castañeda tenía derecho a seis elementos de protección, pero solo aceptó tres.

Además, el fiscal Anticorrupción no cuenta con una unidad de protección blindada debido a su rechazo.

En conclusión, el fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda ha sido informado de que no puede portar un arma de fuego debido a la falta de acreditación en los exámenes de control y confianza. Aunque tenía derecho a medidas de seguridad adicionales, en el pasado decidió rechazarlas.