Ginebra, (Agencia Informativa de México).- Para especialista de la Organización de las Naciones Unidas en derechos humanos que se reunieron para analizar la prisión preventiva obligatoria en México determinaron que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”.

Por lo que mediante un comunicado de prensa el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pidió este lunes a México que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria, conocida también como “prisión preventiva oficiosa” o “automática”, que está incluida en la Constitución de la República Mexicana.

Y es que el artículo 19 de la Constitución mexicana obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, una circunstancia que, en opinión de los expertos, conduce a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”. 

Miriam Estrada-Castillo, presidenta del Grupo de Trabajo aseguró que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.

El Grupo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU.

En su análisis sobre la situación en México la experta apuntó que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, por lo que acotó que a pesar de estar establecida por la ley en México, “ello no garantiza que no sea arbitraria”.

Dijo, mediante el comunicado de prensa, que la prisión preventiva oficiosa también es contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, compromete gravemente el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario”, señaló Estrada-Castillo.

Pese a ser consciente de los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de México en materia de seguridad pública, el Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa coloca a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Anular la prisión preventiva oficiosa no sólo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”, destaca el comunicado.

El Grupo de Trabajo lleva insistiendo a México en la necesidad de resolver urgentemente este problema estructural desde el año 2018 y le ofreció reiteradamente la asistencia técnica necesaria.

El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco miembros expertos independientes de varias regiones del mundo: Miriam Estrada-Castillo (Ecuador; presidenta-Relatora), Mumba Malila (Zambia; vicepresidente); Elina Steinerte (Letonia); Priya Gopalan (Malasia); y Matthew Gilllett (Nueva Zelanda).