Bajo la lupa de la ASF, juntas electorales del país
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones sobre el uso de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE) extendiendo las revisiones a sus 32 juntas locales, las 300 juntas distritales y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Los elementos recabados, explicó Sergio Bernal Rojas, presidente del INE en Tamaulipas, permiten documentar indicios de que los beneficiarios finales de diversas empresas intervinieron en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
“Se está recabando en las distintas juntas del país y posteriormente se remite a las oficinas centrales del INE, desde donde se integra la documentación correspondiente para atender los requerimientos del órgano fiscalizador”, señaló
Refirió que si bien “los procedimientos de licitación para la adquisición de documentación y material electoral se realizan en las oficinas centrales del Instituto”, las juntas locales y distritales sólo llevan a cabo la contratación de servicios necesarios para su funcionamiento cuando hay o no elección de por medio.
Pero además estas investigaciones, añadido Bernal Rojas, indaga posibles conflictos de interés, colusión y concentración de proveedores.
Refirió que cada una de las 300 juntas distritales como las locales, operan como un centro de costos, motivo por el cual, debe documentar gastos relacionados con la prestación de servicios de vigilancia, papelería y otros requerimientos administrativos.
“La información es solicitada a los organismos electorales en el país por parte de oficinas centrales del INE, en la Ciudad de México y se proporciona a la Auditoría Superior de la Federación como parte de las investigaciones que lleva a cabo, tras las presuntas irregularidades detectadas, que comenzaron a investigarse formalmente en octubre de 2026”, precisó Bernal Rojas.
Finalmente, aseveró que el Instituto ha mantenido una política de transparencia en el manejo de sus recursos y que no existe inconveniente en proporcionar la información requerida por las autoridades auditoras.
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