Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las cuentas públicas pendientes y observaciones sin solventar ante órganos fiscalizadores se han convertido en el principal obstáculo para los alcaldes y exalcaldes que aspiran a participar en el proceso electoral del 2027, ya sea para buscar la reelección o contender por nuevos cargos de elección popular.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE en el Congreso local, Eliphaleth Gómez Lozano, advirtió que las Auditorias Superior del Estado (ASE), de la Federación (ASF) y la Fiscalía Anticorrupción mantienen abiertos expedientes en contra de alcaldes en funciones y exalcaldes por irregularidades no aclaradas en ejercicios fiscales previos.

Sin embargo, el legislador morenista no reveló -no quiso- mencionar quienes están en la “cuerda floja” para buscar la reelección o bien, un cargo de elección popular, solo precisó que, “Morena incluyó como requisito obligatorio en su proceso interno de selección la acreditación del manejo transparente de los recursos.”

Es decir, los aspirantes que carguen con observaciones financieras graves o cuentas públicas reprobadas serán descartados de manera automática.

Gómez Lozano, descartó que exista una negociación política para favorecer a alcaldes o integrantes de Morena, o de cualquier otra fuerza política y, por el contrario, dejó en claro que las revisiones se realizan sin distinción de colores partidistas.

“Cada administración tendrá que responder por las observaciones detectadas y aprovechar los plazos legales para aclarar o corregir las inconsistencias derivadas del manejo y la aplicación de recursos en cuentas públicas de anteriores ejercicios fiscales”, explicó.

Si existen elementos que ameriten procedimientos administrativos o penales, se actuará conforme a lo establecido en la ley, incluida la posible intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), precisó el legislador.

Aunque el legislador señaló que una parte de las inconsistencias responde a errores técnicos o descuidos documentales corregibles, la falta de una solventación oportuna y rigurosa complicará el panorama legal de los ayuntamientos señalados.

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