Mediante la jurisprudencia 1a./J. 37/2024, con registro digital 2028358, el máximo tribunal estableció que la ausencia de una disposición específica en las leyes locales no impide a los jueces analizar la procedencia de una compensación económica.

El criterio reconoce que las labores domésticas y de cuidados representan una contribución económica al matrimonio, aunque no generen ingresos directos para quien las desempeña.

Asimismo, señala que la distribución desigual de estas responsabilidades puede provocar desventajas patrimoniales, especialmente cuando uno de los cónyuges limita sus oportunidades laborales y profesionales para atender las necesidades familiares.

La compensación busca corregir esos desequilibrios económicos al concluir el matrimonio, considerando las circunstancias particulares de cada caso.

Para solicitarla, las personas interesadas deberán acreditar el tiempo dedicado al hogar, la atención de los hijos y las consecuencias que dichas actividades tuvieron en sus posibilidades de desarrollo profesional y adquisición de bienes.

Sin embargo, la Suprema Corte precisó que este derecho no implica recibir automáticamente una cantidad económica después del divorcio.

Corresponderá a los órganos jurisdiccionales evaluar las pruebas presentadas y determinar si existen las condiciones legales para conceder la compensación.

Con este criterio, la SCJN busca evitar que quienes asumieron principalmente las responsabilidades domésticas y familiares enfrenten una desventaja patrimonial al terminar su matrimonio, reconociendo que el trabajo de cuidados también contribuye al sostenimiento económico de la familia.

ie