Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ausencia del acta circunstanciada de un cateo y del inventario de los objetos asegurados no constituye, por sí sola, una razón para negar la suspensión provisional contra el aseguramiento de un inmueble, determinó el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, en una jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

El criterio, identificado con el registro digital 2032890, establece que los órganos jurisdiccionales deben examinar los elementos disponibles para definir qué efectos puede tener la medida cautelar, sin asumir que todos los bienes localizados dentro de una propiedad están relacionados con una investigación penal.

La resolución señala que “la falta del acta circunstanciada del cateo y del inventario de los bienes asegurados no constituye, por sí misma, un impedimento para conceder la suspensión provisional”, por lo que los jueces tienen la facultad de modular sus efectos para proteger los derechos de las personas afectadas.

De acuerdo con el criterio, cuando se solicita la suspensión contra el aseguramiento de un inmueble derivado de una orden de cateo, la autoridad judicial debe valorar la información disponible y determinar cuáles bienes podrían estar vinculados con los hechos investigados.

En ese sentido, la jurisprudencia precisa que deben mantenerse las restricciones sobre los instrumentos, objetos o productos relacionados con el posible delito, mientras que los bienes respecto de los cuales no existan elementos que acrediten alguna relación con la investigación pueden quedar fuera de los efectos del aseguramiento.

El documento también advierte que la falta de documentación no permite presumir que todos los bienes encontrados en el inmueble son ajenos a la investigación, pero tampoco justifica considerar que la totalidad de ellos necesariamente están relacionados con el hecho investigado.

Por ello, corresponde al órgano jurisdiccional realizar un análisis individualizado y determinar, con base en los datos disponibles, el alcance de la protección provisional, tomando en cuenta la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público.

La jurisprudencia deriva de la contradicción de criterios 74/2026, entre resoluciones de tribunales colegiados del Décimo Noveno Circuito. Fue aprobada por mayoría de votos y publicada el 6 de noviembre de 2026.

El criterio será de aplicación obligatoria a partir del 9 de noviembre de 2026, conforme a lo establecido en el Acuerdo General Plenario 7/2025.