Asunción, Paraguay.- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este viernes 6 de noviembre en su domicilio, horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político, en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el colapso de Ueno Bank.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional de Paraguay, el exmandatario quedó bajo custodia tras una orden emitida por la Fiscalía, que también solicitó la captura de Carlos Carvallo, exjefe del Banco Central.

Ambos son investigados por presunto abuso de confianza y otros posibles delitos vinculados con el manejo de recursos públicos y las operaciones de la institución bancaria.

La orden establece que Peña permanecerá detenido en su residencia hasta ser presentado ante los fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción.

Por su parte, Carvallo deberá permanecer bajo custodia en una instalación policial.

La detención ocurrió después de que los 44 senadores presentes votaran de manera unánime a favor de destituir al mandatario por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Con esta resolución, el vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la Presidencia de Paraguay, conforme al procedimiento constitucional.

La crisis política comenzó después de que las autoridades financieras ordenaran el procedimiento de resolución de Ueno Bank, institución que administraba recursos de casi tres millones de clientes.

La medida provocó restricciones en el acceso a los ahorros de los usuarios y desencadenó manifestaciones para exigir la devolución de los depósitos.

Los legisladores acusaron a Peña de presuntamente utilizar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia el banco, mientras las autoridades regulatorias habrían pasado por alto operaciones financieras de riesgo.

Sin embargo, el exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que no cometió delitos.

Antes de su destitución, Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no pudo pronunciarse sobre ella por falta de cuórum.

Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, argumentaron que los legisladores debieron aceptar su dimisión en lugar de continuar con el juicio político.

La destitución también tiene consecuencias constitucionales, pues impide que Peña acceda a la condición de senador vitalicio reservada a expresidentes elegidos democráticamente que no hayan sido destituidos mediante juicio político.

En un mensaje difundido antes de conocerse la resolución, el exmandatario expresó su deseo de evitar una mayor inestabilidad política.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, manifestó.

Mientras tanto, las protestas por el cierre de Ueno Bank han continuado en distintas zonas del país, con enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiales.

Las investigaciones penales también alcanzan a funcionarios y exfuncionarios de organismos financieros, así como al vicepresidente Pedro Alliana, según la información difundida sobre el caso.

La situación jurídica de Santiago Peña dependerá de las actuaciones de la Fiscalía y de las resoluciones que adopten los tribunales paraguayos.