Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El PRI exigió investigar los contratos adjudicados a empresas bajo cuestionamiento en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todo el país, sin limitar las auditorías al ejercicio fiscal 2025, señaló Ramiro Ramos Salinas, subsecretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

La exigencia surge después de que el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, informara que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó documentación correspondiente únicamente a 2025, relacionada con la elección judicial.

Para el dirigente priista, concentrar la revisión en un solo año dejaría fuera posibles contrataciones realizadas durante ejercicios anteriores, tanto en Tamaulipas como en otras entidades federativas.

“Qué las auditorías no se limiten a un solo ejercicio fiscal ni a un estado, sino que abarquen a todos los OPLEs del país que hayan contratado a las empresas señaladas en las indagatorias nacionales”, pidió el también ex dirigente estatal priista.

La petición ocurre en medio de señalamientos sobre contratos millonarios adjudicados entre 2014 y 2025 a proveedores presuntamente relacionados con los hermanos Hernández Casillas, vinculados con empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf.

Sin embargo, el señalamiento político no constituye por sí mismo una acreditación de irregularidades en las contrataciones. Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras determinar si existieron incumplimientos, conflictos de interés o posibles responsabilidades administrativas.

Ramos Salinas insistió en que la revisión debe extenderse a todos los organismos electorales que hayan mantenido relaciones comerciales con las empresas señaladas, independientemente del año en que se celebraron los contratos.

"No, claro. Nosotros lo hemos dicho: tiene que haber una revisión exhaustiva a todos los OPLES de todo el país", expresó.

El exdirigente estatal del PRI consideró que uno de los factores que pudo facilitar la contratación de estos proveedores fue su relación comercial previa con el INE, circunstancia que, a su juicio, habría generado confianza entre los institutos electorales estatales.

"Al final del camino, que hayan sido proveedores del Instituto Nacional Electoral pudo generar confianza en otros organismos electorales para contratarlos. Ahí es donde está el problema", afirmó.

Además, Ramos Salinas responsabilizó políticamente a Morena y a sus gobiernos por el respaldo otorgado a la presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, al considerar que ello habría favorecido las condiciones para las presuntas irregularidades.

No obstante, esa acusación corresponde a la postura del dirigente priista y no acredita una responsabilidad directa de la funcionaria o del partido en las contrataciones cuestionadas.

Hasta ahora, la información proporcionada no precisa cuántos contratos están bajo revisión, sus montos individuales ni el número de organismos electorales involucrados, datos necesarios para establecer el alcance de las posibles irregularidades.