Asunción, Paraguay.- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, por unanimidad, iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña, minutos después de que anunciara su renuncia, en medio de una crisis financiera por el colapso de Ueno Bank y tres días de protestas ciudadanas.

La votación concluyó con 78 sufragios a favor y ninguno en contra, luego de que legisladores del oficialista Partido Colorado se sumaran a la oposición para respaldar el procedimiento contra el mandatario.

El expediente fue remitido al Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar una eventual condena y destitución, aunque la renuncia presidencial introduce una circunstancia que deberá resolverse institucionalmente.

La decisión legislativa ocurrió después de que Peña difundiera un video en la plataforma X, en el que anunció su salida del cargo argumentando la necesidad de preservar la estabilidad política y social del país.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república”, declaró el mandatario.

También sostuvo que ningún cargo público debe estar por encima del bienestar nacional y ofreció disculpas a la ciudadanía por la situación que enfrenta Paraguay.

“Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, expresó.

La crisis estalló después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia, situación que provocó el bloqueo de los depósitos de millones de usuarios.

Hasta septiembre, aproximadamente dos de cada tres paraguayos eran clientes de la institución financiera, que además administraba importantes recursos provenientes de organismos públicos.

De acuerdo con la información difundida, Ueno Bank mantenía depósitos estatales por aproximadamente 850 millones de dólares, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de fondos de pensiones y servicios de salud.

El caso también derivó en la detención de ocho ejecutivos y altos funcionarios del banco, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y el director ejecutivo, Federico Miguel Vázquez, señalado como antiguo socio comercial de Peña.

El mandatario quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos empresariales anteriores con una compañía relacionada con la institución financiera y por posibles conflictos de intereses.

La intervención bancaria provocó manifestaciones durante tres días en Asunción, donde ciudadanos exigieron explicaciones sobre el destino de sus ahorros y los recursos públicos comprometidos.

El respaldo unánime al juicio político evidenció la pérdida de apoyo legislativo del mandatario, incluso entre integrantes de su propio partido.

Ahora corresponderá al Senado paraguayo determinar los siguientes pasos del procedimiento, mientras el país enfrenta las consecuencias políticas y financieras del colapso bancario.