UNO.– De entrada, hay que señalar las cosas como son y dejar muy en claro que la muerte de una niña de siete años nunca, jamás, puede ser considerada simplemente como daño colateral.

Al contrario, la muerte de Aranza Aidelany, una niña de apenas siete años, presuntamente por una bala disparada desde un helicóptero de la Guardia Estatal de Tamaulipas, es un hecho que exige explicaciones, responsabilidades y justicia.

Sin embargo, resulta particularmente preocupante que, ante una tragedia de esta magnitud, la respuesta atribuida al secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, haya sido calificarla como un simple “daño colateral”.

¿Daño colateral?

Estamos hablando de una niña de siete años que viajaba con sus padres y sus cuatro hermanos, ajena a un operativo policial, y que terminó perdiendo la vida por un disparo que, según las versiones difundidas, habría provenido de una aeronave de una corporación que tiene precisamente la obligación de proteger a la ciudadanía.

Y de la que, hasta ahora, no se ha informado oficialmente lo suficiente para esclarecer lo ocurrido.

Indignante, porque la expresión utilizada por el secretario no puede convertirse en una explicación suficiente ni mucho menos en una justificación.

Por el contrario, abre interrogantes todavía más delicadas sobre los protocolos de actuación, los criterios para utilizar armas de fuego desde una aeronave y la capacidad de respuesta de una corporación que, en el cumplimiento de sus funciones, debe garantizar la seguridad de la población, no ponerla en riesgo.

Si un operativo termina con una menor muerta, la discusión no puede limitarse a reconocer que hubo un “grave error”.

Hay que explicar cómo ocurrió, quién tomó las decisiones, bajo qué circunstancias se abrió fuego y qué mecanismos de control existían para evitar que una familia que transitaba por una carretera terminara en medio de una tragedia.

¿Quién comunica?

Pero hay un segundo asunto que resulta igualmente preocupante: hasta ahora, no se conoce públicamente qué ha ocurrido con los cuatro elementos que, según las versiones del caso, viajaban en el helicóptero desde donde habría salido el disparo que terminó con la vida de Aranza.

¿Quiénes son? ¿Ya rindieron declaración? ¿Fueron separados de sus funciones? ¿Qué determinó la investigación sobre su participación? ¿Cuál es su situación jurídica?

Según la información difundida sobre el caso, la Fiscalía confirmó que el disparo tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, sin precisar públicamente que proviniera de ese helicóptero.

Pero la ciudadanía sigue sin conocer qué responsabilidades se han establecido ni qué consecuencias legales enfrenta el personal que pudiera estar involucrado.

La confirmación de la trayectoria de la bala es apenas un punto de partida, no el cierre de una investigación.

Mientras todo esto sucede y se buscan explicaciones sobre el hecho, una familia enfrenta la pérdida irreparable de una hija.

Una niña que tenía toda una vida por delante y cuyos hermanos fueron testigos de una tragedia que ninguna familia debería experimentar.

Y mire que también se desconoce si la familia recibió apoyo de cualquier índole, particularmente el acompañamiento que se necesita en estos casos.

También resulta preocupante que, cuando el secretario fue cuestionado por los periodistas, su escolta presuntamente terminara empujando a uno de ellos mientras el funcionario se retiraba sin responder más preguntas.

Algo inaceptable, por supuesto, que merece una explicación y una disculpa de esos funcionarios que, la verdad, ya deberían agarrar camino.

Hay que dejar en claro que la seguridad pública no se mide solamente por detenciones, operativos o despliegues de fuerza.

También se mide por la capacidad de proteger a quienes no participan en ningún enfrentamiento, por el respeto a la vida y, sobre todo, por la disposición de reconocer errores y asumir las consecuencias cuando una actuación policial, como la del pasado jueves, termina en una tragedia.

La sociedad merece saber quién disparó, por qué disparó, quién autorizó o permitió esa acción y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los elementos involucrados.

Pero, sobre todo, merece saber que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios, sin encubrimientos y sin que la responsabilidad institucional se diluya entre explicaciones que, para muchos, resultan tontas y carentes de escrúpulos.

DOS.– En cosas agradables, hay historias que merecen contarse porque demuestran que el talento, la preparación académica y la pasión por nuestras raíces pueden convertirse en una fórmula de éxito.

La de Mariana Cortés Espinoza es una de ellas: una egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que ha sabido transformar su amor por la danza y las tradiciones mexicanas en un proyecto de emprendimiento que hoy lleva el vestuario folclórico tamaulipeco a distintos rincones de México y Estados Unidos.

Su historia representa mucho más que el éxito de un negocio.

Es una muestra de cómo la formación universitaria puede convertirse en una herramienta para impulsar ideas, generar oportunidades y, al mismo tiempo, preservar y proyectar la riqueza cultural de una región.

Mariana encontró en su experiencia como bailarina la inspiración para emprender, pero también supo aprovechar los conocimientos administrativos y empresariales adquiridos en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico.

El resultado es una propuesta que conjuga creatividad, identidad, tradición y visión empresarial.

Lo significativo y motivante de este proyecto es que, a través de cada prenda, Mariana contribuye a mantener vivas las expresiones culturales de Tamaulipas.

El traje campero, sus grecas, sus características barbas y sus colores no son solamente elementos de indumentaria para la danza: son símbolos de una identidad que merece ser conocida y valorada.

Y, sobre todo, lo importante es que ya cruzó nuestras fronteras.

Que sus creaciones hayan llegado desde Baja California hasta Quintana Roo y a diferentes puntos de Estados Unidos habla de la capacidad de los emprendedores tamaulipecos para competir, innovar y conquistar nuevos mercados sin perder de vista sus raíces.

Así de fácil.

A lo anterior, y hay que destacarlo, se suma su trayectoria como bailarina, representando a México en escenarios internacionales de Turquía, Rumania, Kosovo y Croacia.

Una doble faceta que merece reconocimiento: por un lado, la emprendedora que convierte su talento en una empresa y, por otro, la artista que lleva el nombre de México, Tampico y Tamaulipas a escenarios del mundo.

Esta historia también pone en alto el papel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como una institución que no solamente forma profesionistas, sino que, con el apoyo decidido del rector Dámaso Anaya Alvarado, impulsa vocaciones, acompaña proyectos y brinda herramientas para que sus egresados conviertan sus conocimientos en iniciativas que trascienden las aulas.

TRES.– Vaya forma y mala manera de entender el servicio público.

La diputada local de Morena en Tamaulipas, Silvia Isabel Chávez Garay, protagonizó un penoso episodio que retrata una preocupante falta de sensibilidad frente a la responsabilidad que implica ocupar una curul y representar a miles de ciudadanos.

Cuestionada por reporteros sobre una iniciativa de su propia autoría, relacionada con sanciones para los conductores que atropellen fauna silvestre en carreteras y no reporten el incidente, la legisladora no solamente evidenció desconocimiento sobre los detalles y alcances de “su propuesta”, sino que terminó por dejar una respuesta que difícilmente pasará inadvertida:

“Es mi cumpleaños y ya me están quitando bastante tiempo”, les dijo a los representantes de los medios de comunicación.

La declaración resulta desafortunada por donde se vea.

Y mire, no se trata de cuestionar que una diputada tenga derecho a celebrar su cumpleaños, disfrutar de su vida personal o atender compromisos familiares.

Por supuesto que lo tiene.

El problema comienza cuando parece olvidar que su responsabilidad pública no se suspende porque haya una celebración personal en su agenda.

Y hay algo todavía más preocupante: ¿cómo es posible que una legisladora que presentó una iniciativa no pueda explicar con claridad su contenido, sus alcances y las sanciones que propone establecer?

Hay dos posibilidades igualmente inquietantes: que no haya participado suficientemente en la elaboración de la propuesta o que simplemente no se haya tomado el tiempo para conocer y estudiar a fondo lo que lleva su nombre.

En cualquiera de los dos escenarios, la situación merece una explicación.

Ser diputado no consiste en presentar iniciativas para acumular documentos, tomarse fotografías, asistir a eventos o participar en celebraciones dentro del recinto legislativo.

Legislar implica estudiar, argumentar, conocer los problemas de la sociedad y, sobre todo, asumir la responsabilidad de explicar públicamente las decisiones que se impulsan desde el Congreso.

Conviene recordarle a la diputada Chávez Garay que su cargo no es honorífico ni una distinción personal: es una responsabilidad conferida mediante la representación popular y sostenida con recursos públicos.

Por tanto, informar sobre su trabajo no es un favor que les hace a los periodistas ni una concesión que pueda otorgar dependiendo de su estado de ánimo o de los compromisos que tenga en su agenda.

Los reporteros no estaban interrumpiendo una fiesta privada ni irrumpiendo en su domicilio.

Estaban cumpliendo con su labor de preguntar a una representante popular sobre una iniciativa legislativa que supuestamente ella misma presentó.

Para terminar, alguien debe explicarle que la rendición de cuentas no tiene horario de cumpleaños.

Lamentablemente, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión necesaria sobre la manera en que algunos integrantes del Poder Legislativo entienden su función.

El Congreso no es un salón de eventos ni una extensión de la agenda social de sus integrantes.

Es un espacio donde se discuten y construyen leyes que afectan la vida de millones de personas.

¿Estamos?