Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Al menos una quinta parte de las personas privadas de la libertad en Tamaulipas enfrentó esperas de uno o dos años para obtener una resolución sobre su situación jurídica, de acuerdo con revisiones realizadas por el Poder Judicial del Estado (PJE), que identificó expedientes penales con periodos prolongados sin avances, incluso en casos de imputados que permanecían en prisión.

El magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, Ignacio García Zúñiga, confirmó que durante la revisión de los asuntos encontraron personas que llevaban más de un año privadas de la libertad sin que sus procesos recibieran atención.

“Vimos casos de gente privada de la libertad que ya tenían más de un año sin atender", señaló el juzgador al referirse al rezago detectado en los expedientes judiciales.

La problemática también se presenta a nivel nacional. De acuerdo con las cifras expuestas por el magistrado, más de 122 mil personas permanecen encarceladas en México sin haber recibido una resolución judicial o sentencia firme, cantidad que representa 44.3 por ciento de la población penitenciaria del país.

García Zúñiga explicó que esta situación está relacionada con diversos factores del sistema de justicia penal, entre ellos figuras como la prisión preventiva oficiosa, que permite mantener a determinadas personas bajo reclusión durante el desarrollo de sus procesos.

El rezago en la impartición de justicia tiene consecuencias en el funcionamiento del sistema penitenciario, particularmente por la permanencia prolongada de personas sin sentencia, lo que contribuye a los problemas de sobrepoblación y plantea cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos.

En cuanto a Tamaulipas, el magistrado aseguró que se han registrado avances en la atención de los expedientes pendientes y en la reducción del rezago judicial.

“Se han logrado avances muy importantes en el abatimiento del rezago judicial”, sostuvo.

Sin embargo, los casos identificados durante las revisiones evidencian que todavía existen asuntos que requieren atención para garantizar que las personas privadas de la libertad tengan acceso a una resolución judicial dentro de plazos razonables.

La revisión de los expedientes forma parte de las acciones del Poder Judicial para identificar los procesos pendientes y atender los asuntos que permanecen sin resolución.

Señaló que este tipo de asuntos requieren una atención prioritaria debido a que la situación jurídica de una persona encarcelada demanda una respuesta más ágil por parte de las autoridades judiciales.

"No es lo mismo que estés en libertad a que estés en prisión", subrayó.

Sostuvo que la nueva estrategia impulsada por el Poder Judicial permitió acelerar tanto la programación de audiencias como la emisión de resoluciones en segunda instancia, donde también existía una acumulación importante de expedientes.

Y recordó que anteriormente algunas audiencias que por ley debían celebrarse en un plazo de 15 días llegaban a programarse hasta tres meses después, situación que generaba inconformidad entre los usuarios del sistema de justicia.

Sin embargo, aseguró que actualmente las audiencias ya se desarrollan dentro de los tiempos legales y que no existen asuntos que se estén resolviendo fuera de plazo.