Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, sostuvo que es necesario y urgente otorgar mayor protección legal y certeza jurídica a los docentes tamaulipecos, ante acusaciones falsas o infundadas.

Y es que el funcionario estatal, advirtió que las acusaciones sin sustento pueden afectar gravemente la reputación y trayectoria profesional de los trabajadores de la educación, por lo que consideró necesario garantizar un equilibrio entre la investigación de cualquier denuncia y el respeto al debido proceso.

Destacó que en Tamaulipas se impulsaron reformas para brindar una mayor cobertura jurídica a los docentes, derivadas de una iniciativa promovida por la diputada Blanca Anzaldúa Nájera.

Esta propuesta legislativa, dijo, es promovida con fuerza por representantes sindicales de la Sección 30 del SNTE y busca establecer un equilibrio justo entre la obligatoria protección a los derechos de los alumnos y la salvaguarda de los derechos laborales y la reputación de los profesores.

Valdez García, reconoció que la urgencia de esta ley se intensificó tras casos mediáticos en el estado, como el ocurrido en Ciudad Madero, donde el subdirector de una secundaria técnica fue encarcelado durante seis días por una denuncia de agresión física que los mismos alumnos y pruebas digitales demostraron que fue completamente fabricada por una estudiante.

Aseguró que uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las escuelas es la disminución del involucramiento de algunas familias en el proceso educativo, situación que termina afectando la autoridad del docente dentro y fuera del aula.

"La palabra del papá vale 100 frente a la palabra del maestro vale 2", afirmó al enfatizar la necesidad de reconstruir la alianza entre padres de familia y personal educativo.

El titular de Educación reconoce que el fenómeno bajo investigación es complejo; actualmente corren alrededor de 60 expedientes en la Fiscalía General de Justicia por presunto acoso, abuso o insultos en planteles.

“Algunos han derivado en sanciones mientras que otros concluyeron sin acreditarse responsabilidad alguna. El tema debe atenderse con responsabilidad para evitar que escale y genere un deterioro de la confianza entre familias, estudiantes y docentes”, señaló.

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