Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de peritos, antropólogos y arqueólogos forenses certificados mantiene como un desafío la apertura del Centro de Identificación Forense de Altamira, reconoció el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien advirtió que la contratación de especialistas requiere procesos de capacitación y acreditación para garantizar la validez legal de los dictámenes. 

A esta problemática se suma la carga presupuestal que deberá asumir la institución para operar las instalaciones destinadas a la identificación de restos humanos.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) explicó que uno de los principales obstáculos es encontrar profesionales que cumplan con los perfiles técnicos necesarios para desarrollar procedimientos de identificación humana.

"No se trata de contratar personas, no se trata nada más de mandar evaluar a controles de confianza a un médico o a un químico", precisó.

El fiscal señaló que, además de contar con formación profesional, los especialistas deben cumplir con procesos de certificación que respalden la confiabilidad de sus estudios y dictámenes.

Entre las áreas indispensables mencionó la antropología y la arqueología forense, disciplinas utilizadas en investigaciones relacionadas con la desaparición de personas y la identificación de restos humanos.

Sin embargo, reconoció que Tamaulipas no cuenta con universidades ni centros de formación profesional que preparen especialistas en estas disciplinas, situación que dificulta integrar el equipo requerido.

Esta limitación representa un problema para la contratación de personal y obliga a desarrollar procesos de preparación antes de iniciar las operaciones del complejo.

A las dificultades de reclutamiento se suma el costo de funcionamiento del Centro de Identificación Forense, cuya operación estará a cargo de la Fiscalía de Tamaulipas.

Govea Orozco explicó que, aunque la infraestructura fue desarrollada mediante recursos gestionados por el Poder Ejecutivo estatal, corresponderá a la institución de procuración de justicia cubrir los gastos necesarios para mantenerla en funcionamiento.

Esto implicará una carga presupuestal adicional, principalmente por la contratación, capacitación y certificación del personal especializado.

El funcionario reconoció que poner en marcha un centro de estas características constituye un proceso complejo y de largo plazo, debido a los requisitos técnicos y legales que deben cumplirse.

Pese a estas dificultades, aseguró que ya se realizan acciones para atender las necesidades de reclutamiento y preparación de los profesionales que deberán incorporarse al complejo.

"Tenemos ahí un reto importante en el que ya se está trabajando aunque hoy día no se advierta o no se vea", señaló.

El fiscal no precisó una fecha para la apertura ni el presupuesto que requerirá la operación de las instalaciones.

Por ahora, el inicio de actividades del Centro de Identificación Forense de Altamira dependerá de la integración de personal debidamente acreditado y de los recursos que la Fiscalía pueda destinar a su funcionamiento.