Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el costo del Instituto Nacional Electoral (INE) y planteó la necesidad de revisar los recursos públicos destinados a la organización de elecciones y al financiamiento de los partidos políticos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que el gobierno federal impulsó una reforma electoral que buscaba disminuir estos gastos, pero que no consiguió la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

"Pero tenía que ver con reducir el costo de las elecciones al pueblo de México, que se redujera lo que se le da a los partidos políticos, que se redujera lo que recibe el INE", explicó.

Sheinbaum mencionó como referencia un presupuesto aproximado de 22 mil millones de pesos para el organismo electoral durante el presente año y una proyección de 35 mil millones de pesos para el siguiente ejercicio, cifras que citó durante su intervención y que requieren distinguir entre el gasto operativo y el financiamiento a partidos.

Para dimensionar los montos, comparó el presupuesto electoral con los recursos destinados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el costo de construir o rehabilitar hospitales.

Señaló que una intervención mayor en un hospital del ISSSTE puede requerir alrededor de 400 millones de pesos, mientras que un hospital del IMSS con capacidad de 200 camas puede costar aproximadamente dos mil millones de pesos.

La presidenta sostuvo que estas comparaciones muestran la importancia de evaluar cómo se distribuyen los recursos públicos.

También consideró necesario transparentar las contrataciones realizadas por el Instituto y conocer el destino del presupuesto asignado.

Sheinbaum señaló que la discusión sobre el financiamiento electoral debe incluir tanto los recursos que recibe el INE como las prerrogativas destinadas a los partidos políticos.

Afirmó que el objetivo de la propuesta de reforma era reducir los costos sin dejar de garantizar el funcionamiento de las instituciones electorales.

La mandataria insistió en que el debate debe centrarse en el uso eficiente y transparente del dinero público.