Altamira, Tamaulipas.- Hasta 25 años de prisión podrían enfrentar quienes recluten personas para integrarlas a organizaciones criminales, de acuerdo con una reforma aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.

La diputada federal por Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, respaldó la iniciativa que busca combatir el reclutamiento criminal, principalmente de niñas, niños y adolescentes, quienes en muchos casos son captados mediante amenazas, engaños, violencia o aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad.

La legisladora explicó que la reforma contempla penas de 10 a 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan o incorporen a personas a organizaciones delictivas, mientras que las sanciones aumentarán de 15 a 25 años cuando se utilicen amenazas, intimidación, violencia física o moral, coacción o abuso de poder.

“La niñez no puede seguir siendo utilizada como carne de cañón por las organizaciones criminales. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar desde el primer intento de reclutamiento”, expresó.

Uno de los principales cambios establece que todo reclutamiento de menores de edad será considerado forzado, por lo que deberán ser reconocidos como víctimas y recibir atención especializada para su recuperación y reintegración social.

En Tamaulipas, reportes citados en torno a esta problemática señalan que más de 600 menores han sido detenidos por delitos violentos o presuntos vínculos con organizaciones criminales, situación que refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención.

A nivel nacional, estimaciones atribuidas a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierten que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.

Blanca Narro señaló que las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que los adolescentes fueron incorporados a estas organizaciones, antes de limitarse a sancionar las conductas delictivas en las que pudieran haber participado.

“Cuando un adolescente es reclutado por la delincuencia, no podemos limitarnos a juzgar sus actos sin investigar primero las condiciones en las que fue captado y reconocer su condición de víctima”, manifestó.

La reforma también contempla sanciones adicionales cuando en el reclutamiento participen servidores públicos o integrantes de corporaciones de seguridad, así como mecanismos de protección para menores afectados.

Además, establece que el Ministerio Público deberá dar aviso a las procuradurías de protección cuando existan indicios de reclutamiento de adolescentes.

La iniciativa todavía deberá ser analizada por el Senado de la República, por lo que las nuevas sanciones aún no entran en vigor. De concretarse su aprobación y publicación, los congresos estatales tendrán un plazo de 180 días naturales para adecuar sus legislaciones.

Con estos cambios se busca castigar directamente la captación de personas por organizaciones criminales, sin necesidad de esperar a que las víctimas participen en otros delitos.