Mazatlán, Sinaloa.- Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a José Luis “N”, alias “Wicho”, identificado por autoridades federales como presunto operador financiero y logístico de la organización criminal “Los Rugrats”, vinculada con una facción del Cártel del Pacífico, durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la captura ocurrió el 13 de octubre de 2026, como resultado de trabajos de inteligencia militar y mediante una intervención coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue sorprendido en flagrancia por integrantes de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y personal del Ejército.

Lo vinculan con operaciones criminales en dos estados

Las autoridades identificaron a “Wicho” como presunto responsable de actividades financieras y logísticas de “Los Rugrats”, organización con presencia en Sinaloa y Durango.

Según la Defensa, el detenido operaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto “N”, señalado como líder de ese grupo delictivo, afín a la facción de “Mayo Zambada” del Cártel del Pacífico.

También es requerido en Estados Unidos

La dependencia federal informó que José Luis “N” es requerido por autoridades del Distrito Central de California, Estados Unidos, por un delito relacionado con la posesión de cocaína con intención de distribuirla.

El comunicado no precisó si existe una solicitud formal de extradición ni proporcionó detalles sobre el procedimiento judicial en territorio estadounidense.

Aseguran armas, droga y dinero

Durante la detención, los agentes aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no especificó las cantidades de droga y dinero decomisadas ni las características de las armas.

Tanto el detenido como los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.