Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Tamaulipas debe abrir la discusión sobre los alcances de las disposiciones electorales cuando pueden afectar los derechos políticos de las personas, consideró el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Alejandro Ceniceros Martínez, quien también planteó revisar la aplicación de la presunción de inocencia en casos donde exista un proceso penal.

El dirigente petista explicó que, de acuerdo con la resolución del máximo tribunal, las modificaciones fueron invalidadas debido a que se publicaron dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, periodo en el que no pueden realizarse cambios fundamentales a las reglas que rigen una elección.

Ceniceros Martínez señaló que, además del aspecto relacionado con los tiempos para modificar la legislación electoral, el tema plantea la necesidad de analizar qué ocurre con los derechos político-electorales de una persona que enfrenta un procedimiento penal.

Sostuvo que estar sujeto a un proceso judicial no significa que exista una responsabilidad penal acreditada, por lo que debe mantenerse vigente la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

Recordó que la prisión preventiva tiene carácter cautelar y advirtió que establecer una relación directa entre una acusación y la pérdida de derechos políticos puede generar consecuencias antes de que exista una resolución definitiva.

Como ejemplo, mencionó el proceso electoral de 2021 en Soto la Marina, cuando Habiel Medina Flores fue reemplazado como candidato mientras enfrentaba un procedimiento penal.

De acuerdo con Ceniceros Martínez, posteriormente Medina Flores recuperó su libertad luego de que se modificara la medida cautelar, aunque para entonces su candidatura ya había sido retirada durante el proceso electoral.

“Cuando ocurrió la elección, la candidatura ya había desaparecido”, expuso el dirigente del PT al referirse a las consecuencias que puede generar una determinación anticipada mientras un procedimiento judicial continúa abierto.

El coordinador estatal sostuvo que la protección de los derechos fundamentales debe aplicarse sin considerar la militancia política de las personas involucradas.

“No podemos defender la presunción de inocencia solamente cuando el acusado pertenece a nuestro partido y olvidarla cuando pertenece al adversario”, afirmó.

Agregó que los derechos políticos deben ser considerados garantías de todas las personas y no decisiones sujetas a la voluntad de quienes ejercen el poder.

Ceniceros Martínez aseguró que el PT mantendrá una postura en favor de que las responsabilidades penales se determinen mediante procedimientos en los que se respeten las garantías de los involucrados.

“Que se investigue, que se juzgue y que se sancione cuando se demuestre responsabilidad, pero que nadie sea convertido anticipadamente en culpable para quitarle sus derechos”, concluyó.

Sj