Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, subrayó que acatarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó las restricciones electorales locales, a pesar de que dijo no comparto la decisión.

Reiteró no estar de acuerdo con la anulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decreto 66-1146 que impedía la postulación de candidatos a cargos municipales que cuenten con prisión preventiva, vinculados a proceso o sentencia por delitos dolosos.

Y es que consideró que la SCJN no analizó a fondo el asunto, luego de que el ministro ponente argumentó que la reforma al Código Municipal de Tamaulipas publicada el 1 de julio contravenía la veda de 90 días previos al inicio del proceso electoral para hacer cambios a la legislación en la materia vigente.

"Porque ellos habían solicitado una opinión al Tribunal Electoral y el Tribunal les dice que no es una modificación electoral o que afecte el proceso electoral, en realidad lo que nosotros hicimos fue un cambio de lenguaje porque antes decía prisión preventiva y ahorita es en un proceso judicial", explicó.

El también líder de la bancada morenista en el Congreso local, aclaró que la sentencia no tiene efectos retroactivos ni afectará los acuerdos previos tomados por la Junta de Gobierno, ya que sus consecuencias aplican únicamente ex post (a partir de su notificación oficial).

Comentó que cuando el asunto regresó a la SCJN para ser elistado en el pleno, los ministros no entraron al fondo y anularon el decreto bajo el argumento de una violación constitucional a la veda para emitir disposiciones legales en la materia.

"No estamos de acuerdo, sin embargo, vamos a acatar lo que la Suprema Corte dice, verdad", enfatizó.

Sostuvo que se corre el riesgo de que se postulen candidatos con procesos judiciales, aunque recordó que ya se aprobaron a nivel federal filtros para investigar antecedentes delictivos de aspirantes, sin embargo, los partidos tendrán la última palabra sobre si ponen a competir a personas con vínculos delincuenciales.

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