Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Dos ataúdes recorrieron este viernes las calles de Ciudad Victoria, pero no encabezaban un cortejo fúnebre. Marisol Uriegas los convirtió en símbolo de una protesta por los siete años que asegura llevar esperando que se ejecuten resoluciones laborales derivadas de su conflicto con una empresa funeraria.

“No quiero morir esperando justicia”, “Muerta la justicia laboral” y “7 años esperando justicia laboral” fueron algunas de las frases colocadas sobre un automóvil Spark blanco que circuló por la capital tamaulipeca con un féretro gris sobre el toldo. Un segundo ataúd, de color café, era transportado en un motocarro acompañado de mantas alusivas a su reclamo.

Uriegas explicó que trabajó durante más de 16 años para una empresa funeraria hasta que fue despedida en 2019, momento en que comenzó una batalla legal que, según relató, ha acumulado demandas, amparos, requerimientos y procedimientos de embargo.

La trabajadora asegura haber obtenido varios laudos favorables, pero sostiene que algunos continúan sin ejecutarse debido a recursos legales promovidos por la empresa, por lo que todavía reclama el pago de las cantidades que le corresponderían.

Uno de los episodios del conflicto ocurrió en 2025, cuando la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje ejecutó un embargo ante el incumplimiento de una resolución que ordenaba cubrir más de 700 mil pesos por salarios caídos y prestaciones laborales. Como parte de aquella diligencia fueron asegurados ataúdes y otros bienes de la funeraria.

“Al parecer lo que las autoridades buscan, las empresas buscan, es que uno se canse, que uno desista o que uno se muera al final esperando justicia”, expresó Uriegas.

La mujer relató que fue reinstalada en mayo de 2025, aunque asegura que desde entonces permanece en la empresa sin que le hayan asignado funciones, situación por la que también presentó quejas.

Su reclamo llegó recientemente hasta el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, a quien abordó para cuestionarle las demoras que, desde su perspectiva, han impedido materializar las resoluciones obtenidas.

“Legalmente la autoridad ya me dio la razón. Entonces, ¿de qué me sirve tener esos laudos ganados si no he recibido nada?”, cuestionó.

Según Uriegas, el funcionario le explicó que el expediente continúa sujeto al debido proceso, argumento que ella rechaza porque considera que la prolongación de los procedimientos ha terminado favoreciendo a la contraparte.

“Yo creo que el debido proceso beneficia a la empresa, y no a mí”, sostuvo.

La manifestante aclaró que su inconformidad no está dirigida personalmente contra Illoldi Reyes, sino contra la forma en que las autoridades laborales han procesado su caso durante siete años.

Con los féretros sobre sus vehículos, Uriegas resumió visualmente el motivo de su protesta: teme que la solución definitiva de su conflicto llegue demasiado tarde.