Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre 70 y 80 aprovechamientos clandestinos de agua han sido detectados de manera preliminar en la cuenca del río Soto La Marina, en Tamaulipas, durante las inspecciones que mantiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para identificar extracciones irregulares y ordenar las concesiones, informó su representante estatal, Jaime Felipe Cano Pérez. La revisión comprende una superficie superior a 21 mil kilómetros cuadrados y todavía no concluye, por lo que la cifra podría modificarse.

“No hay un número determinado, pero si hay un incremento en tomas clandestinas; estamos trabajando con la expedición de decretos y las facilidades administrativas con las que se pretende conceder facilidades para todas aquellas personas que han perdido la vigencia de sus concesiones, títulos o permisos, para que se pongan al corriente”, comentó Jaime Felipe Cano Pérez, representante de Conagua en Tamaulipas.

Las inspecciones abarcan los afluentes de los ríos Purificación, Corona y Pilón, donde se busca determinar qué aprovechamientos cuentan con títulos vigentes y cuáles extraen aguas nacionales sin autorización.

“Se trata de un procedimiento de revisión y supervisión, cuyo objetivo principal es el ordenamiento de las concesiones, el uso eficiente del agua…tan solo en lo que comprende parte del trayecto de las aguas del río Corona, considero que no pasa de cinco tomas clandestinas detectadas para la extracción de agua”, señaló Cano Pérez.

El operativo contra el denominado “huachicol de agua” comprende parte de los municipios de Abasolo, Aldama, Burgos, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez y Padilla, entre otros ubicados dentro de la cuenca del Soto La Marina.

La revisión también alcanza a norias ubicadas dentro de predios rurales y urbanos, debido a que el aprovechamiento de aguas nacionales debe encontrarse respaldado por los permisos o concesiones correspondientes.

Las inspecciones ocurren mientras Conagua busca regularizar títulos vencidos y detectar extracciones fuera de la legalidad, en un escenario nacional donde el organismo ha reportado más de 52 mil títulos de concesión vinculados con posibles irregularidades en el aprovechamiento de aguas nacionales.