Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El profesor Enrique Meléndez Pérez pidió al Congreso de Tamaulipas esclarecer el estatus del Decreto 66-547, aprobado desde el 14 de noviembre de 2025 para fortalecer la protección jurídica y laboral del personal educativo, al señalar que, nueve meses después, no existe constancia pública de su publicación ni de su entrada en vigor.

Expuso que, de acuerdo con la documentación oficial, el decreto fue remitido al Poder Ejecutivo y recibido por la Secretaría General de Gobierno el 18 de noviembre de 2025, por lo que solicitó informar en qué etapa se encuentra el procedimiento legislativo.

Meléndez Pérez requirió conocer si el Ejecutivo formuló observaciones al decreto y, en caso afirmativo, que sean atendidas conforme al procedimiento constitucional. De no existir impedimento legal, demandó concluir el trámite para que la reforma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Señaló que el decreto establece medidas para reforzar la protección de los trabajadores de la educación, entre ellas defensa legal, presunción de inocencia, debido proceso, atención psicológica, protocolos especializados, protección frente a amenazas, agresiones e intimidaciones, agravantes penales y mecanismos de reparación del daño.

El docente aclaró que la reforma no busca impedir la presentación de denuncias ni generar condiciones de impunidad, sino garantizar el respeto a los derechos tanto de las presuntas víctimas como de los maestros que enfrenten un procedimiento legal.

Advirtió que una acusación puede afectar de inmediato la reputación, el empleo, los ingresos y el entorno familiar de un docente, incluso cuando posteriormente no se acredite responsabilidad alguna.

Por ello, insistió en que las autoridades definan el estatus jurídico del Decreto 66-547 y, si no existe impedimento legal, procedan a su publicación para que las medidas aprobadas puedan entrar en vigor.

Sj