Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Una prohibición absoluta de teléfonos celulares y tabletas electrónicas en las escuelas podría resultar “desproporcionada e injusta”, por lo que cualquier regulación debe construirse respetando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, consideró la diputada federal Blanca Narro Panameño.

Ante los efectos negativos asociados al uso excesivo de dispositivos electrónicos entre menores, la legisladora tamaulipeca reconoció la necesidad de establecer reglas claras dentro de los planteles, pero consideró que una restricción generalizada no necesariamente representa la mejor solución.

Narro Panameño propone reformar la Ley General de Educación para establecer bases generales sobre la portación y utilización de estos dispositivos en las escuelas.

Explicó que dentro del debate existen distintas alternativas, desde una prohibición total hasta restricciones por edades, horarios o espacios determinados dentro de los centros escolares.

Sin embargo, señaló que especialistas han advertido sobre la necesidad de considerar factores como las condiciones económicas de las familias, las diferencias de conectividad existentes en el país y los derechos de las infancias.

La diputada federal recordó que en septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso, por lo que cualquier modificación legal tendría que pasar por el proceso legislativo correspondiente.

Indicó que la regulación de celulares se encuentra dentro de la agenda de discusión ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto.

Actualmente, explicó, distintas entidades del país han establecido restricciones de diverso alcance mediante sus legislaciones locales, entre ellas Tamaulipas.

La representante del sexto distrito federal, con cabecera en El Mante, consideró que el análisis no debe limitarse únicamente al ámbito educativo, sino abordar también aspectos relacionados con salud, protección de datos personales, violencia digital, responsabilidad de las empresas tecnológicas y derechos de los menores.

Añadió que las experiencias internacionales pueden servir como referencia para diseñar una regulación equilibrada.

“Distintos países han adoptado medidas de alcance diverso: restricciones al uso de teléfonos en escuelas, edades mínimas para acceder a redes sociales, deberes sistémicos para plataformas, límites horarios, mecanismos de verificación de edad, reglas sobre publicidad dirigida, protección de datos y medidas frente a diseños potencialmente adictivos”, señaló.

Narro Panameño insistió en que el objetivo debe ser reducir los riesgos derivados del uso excesivo de dispositivos electrónicos sin recurrir a medidas que afecten de manera innecesaria los derechos de los estudiantes.

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