Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) respaldó la regulación del uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, al considerar que el acceso sin control a dispositivos y redes sociales representa riesgos para niñas, niños y adolescentes.

Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la organización, señaló que restringir los celulares puede contribuir a disminuir problemas relacionados con acoso escolar, violencia y exposición de menores a contenidos o retos peligrosos en plataformas digitales.

“Restringir el acceso de los niños a los dispositivos y redes sociales es algo muy bueno, porque su facilidad de acceso no solo implica riesgos, sino que ha derivado en problemas como bullying, acoso escolar y violencia entre jóvenes”, señaló.

El representante de padres de familia recordó la experiencia de Querétaro, donde se implementaron medidas para limitar el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas y establecer reglas claras para estudiantes y docentes.

Sánchez Martínez consideró necesario contar con un marco normativo que establezca cuándo y bajo qué circunstancias pueden utilizarse estos dispositivos durante la jornada escolar.

Sin embargo, advirtió que retirar los teléfonos no debe significar limitar el acceso de los estudiantes a herramientas digitales necesarias para su formación.

Por ello, pidió que cualquier regulación venga acompañada de inversiones para mejorar la infraestructura tecnológica, particularmente en escuelas públicas donde existen planteles con computadoras insuficientes o fuera de funcionamiento.

“No basta con prohibir celulares, hay que garantizar herramientas educativas adecuadas”, sostuvo.

La UNPF también advirtió sobre los efectos que puede generar el consumo excesivo de contenidos digitales y redes sociales entre menores, entre ellos problemas relacionados con ansiedad, depresión y convivencia escolar.

Finalmente, Sánchez Martínez manifestó la disposición de la organización para participar en foros y aportar experiencias de otras entidades, con el objetivo de que la regulación se convierta en una política pública enfocada en proteger a los estudiantes sin generar rezagos en su formación digital.