Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) podría iniciar de oficio investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas, sin necesidad de una denuncia previa ni de esperar los periodos ordinarios de revisión de las cuentas públicas.

El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, explicó que esta posibilidad dependerá de que el Congreso de Tamaulipas armonice la legislación estatal con las recientes reformas federales en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Los cambios amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar posibles faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o mediante denuncias ciudadanas, además de reducir los plazos de fiscalización.

Noriega Orozco señaló que una eventual armonización permitiría trasladar estas herramientas al ámbito estatal y actuar con mayor rapidez cuando durante una fiscalización sean detectados indicios de posibles irregularidades.

“Con esta nueva ley federal que está autorizada por el Congreso de la Unión y que entró en funcionamiento en abril, se busca que por oficio, en un momento dado, las auditorías logren ejecutar los procedimientos y no tanto esperar a que se cumplan ciertos periodos”, explicó.

Actualmente, agregó, los tiempos establecidos para revisar el ejercicio de recursos pueden provocar que las auditorías se realicen hasta un año después, por lo que las modificaciones buscan reducir la distancia entre la detección de una irregularidad y el inicio de los procedimientos correspondientes.

El auditor señaló que otro de los cambios establece un plazo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre observaciones relacionadas con el uso de recursos públicos y determinar si son solventadas, no solventadas, archivadas o concluidas.

La intención, sostuvo, es evitar que la lentitud de los procedimientos administrativos dificulte la imposición de responsabilidades cuando existan elementos suficientes.

“Prácticamente es buscar sancionar en tiempo real para que la percepción de la ciudadanía sea cada vez más firme ante el tema anticorrupción”, afirmó.

Noriega Orozco rechazó que la ampliación de facultades pretenda utilizarse para perseguir específicamente a funcionarios o entes públicos.

“Aquí no es una cacería de brujas, no se busca ir en contra de alguien específico, pero sí que su rendición de cuentas sea la que marque la ley para regresar la confianza a la ciudadanía y las instituciones públicas”, puntualizó.

La aplicación de estas nuevas atribuciones en Tamaulipas quedará sujeta a la armonización que realice el Congreso local de la legislación estatal en materia de fiscalización.

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