Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Alrededor de 3 mil empresas de Tamaulipas mantienen litigios contra autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, al considerar excesivos los cobros que se les reclaman, informó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en el estado, Abraham Rodríguez Padrón.

El dirigente empresarial explicó que cerca del 10 por ciento de las 30 mil empresas registradas ante el IMSS enfrentan procedimientos legales por diferencias en créditos fiscales, principalmente debido a actualizaciones, recargos y otros conceptos que, aseguró, elevan considerablemente los montos reclamados.

"Muchas empresas reconocen que tienen adeudos, pero no por las cantidades que les están cobrando. Esas diferencias son las que se están peleando en los tribunales", señaló.

Rodríguez Padrón indicó que las auditorías presenciales prácticamente han quedado atrás, ya que la autoridad fiscal obtiene la información de las operaciones de los contribuyentes mediante la facturación electrónica, lo que le permite verificar compras, ventas y el pago de impuestos sin necesidad de visitas domiciliarias.

Expuso que los conflictos legales no solo involucran al SAT, sino también al IMSS, Infonavit y otras autoridades fiscales. Incluso, afirmó que los intereses que aplica el Seguro Social por adeudos superan las tasas de algunos créditos bancarios.

"Hoy resulta más barato pedir un préstamo al banco para pagarle al IMSS que mantener una deuda con esa institución", sostuvo.

El presidente de Fecanaco también denunció que otra de las medidas que enfrentan las empresas es el congelamiento de cuentas bancarias, situación que calificó como arbitraria y que obliga a los contribuyentes a recurrir a los tribunales para recuperar el acceso a sus recursos.

Finalmente, advirtió que cerrar una empresa no elimina las obligaciones fiscales, por lo que recomendó enfrentar los adeudos mediante convenios de pago o por la vía legal, ya que las autoridades pueden continuar aplicando medidas de cobro sobre los contribuyentes.