LO CLARO. La Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue demostrando que la investigación puede convertirse en soluciones útiles para la vida diaria.

Aracely Martínez Bautista, estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, desarrolló ‘CempaNeem’, un producto natural elaborado con cempasúchil y neem que logró eliminar entre el 80 y el 100 % de la mosca blanca y reducir en más de 50 % la presencia de un hongo que afecta los cultivos de tomate.

El proyecto obtuvo el segundo lugar en la categoría de Posgrado de ExpoCiencias Tamaulipas 2026 y forma parte del impulso que el rector Dámaso Anaya Alvarado ha dado a investigaciones que buscan resolver problemas reales del campo y aportar alternativas más amigables con el medio ambiente.

Biopesticidas. A esto le llamamos investigación pertinente.

LO OSCURO. Hay profesiones en las que el conocimiento también aumenta la responsabilidad.

Al médico se le exige más frente a un paciente que a aquel que haya leído de medicina en internet; un boxeador profesional sabe el daño que puede provocar un golpe y esa preparación importa al momento de analizar su conducta.

Con una magistrada es semejante, con la diferencia de que su herramienta profesional es la ley… y el Estado le ha entregado poder para aplicarla sobre la vida de los demás.

Arely Reyes Terán es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla. El Congreso estatal la nombró por quince años, hasta el 22 de noviembre de 2037.

Antes fue jueza, agente del Ministerio Público Federal, subdelegada de la FGR y funcionaria jurídica del SAT. En 2025 buscó llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con décadas caminando entre expedientes, pruebas, acusaciones, defensas y resoluciones.

El 24 de julio, esa experiencia pareció caber dentro de un mensaje en X (o Twitter). Al referirse al profesor Alberto Israel Jasso Cruz, denunciado por presunto abuso sexual y fallecido antes de que existiera una resolución que estableciera su responsabilidad, la magistrada escribió (sic): “Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes”.

Después eliminó la publicación.

La polémica creció y, el 25 de julio, reconoció públicamente que sus palabras habían sido imprudentes y ofreció disculpas.

Hasta aquí llegan Alberto Jasso y la joven denunciante en esta columna. La autoridad tendrá que esclarecer lo que ocurrió. En redes circulan ahora testimonios y versiones sobre posibles motivaciones detrás de la denuncia. Declarar inocente al profesor desde aquí sería tan irresponsable como haberlo declarado culpable desde una cuenta de X.

El asunto es Arely Reyes Terán.

La magistrada sabe algo elemental que cualquier ciudadano puede ignorar. Acusar, probar y condenar son tres cosas diferentes.

También sabe que creer a quien denuncia, protegerla y tomar su dicho puede convivir perfectamente con respetar los derechos de la persona acusada. Para separar emociones y prejuicios de los hechos existen expedientes, pruebas, defensores, fiscales y tribunales.

Reyes Terán carecía de expediente sobre el caso Jasso, de competencia sobre la investigación y de una sentencia que estableciera la culpabilidad del profesor. Aun así, escribió “haber violentado a la víctima”.

El manejo del lenguaje es trascendente. Dijo “haber violentado” en vez de “acusado de violentar”. Después agregó que “se hubiera matado antes”.

Eso puede escribirlo cualquier persona desde la rabia o la ignorancia y recibirá el juicio social correspondiente. A una magistrada, la vara tiene que colocarse más arriba.

Para eso existe un Código de Ética.

El del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla fue publicado el 11 de febrero de 2019. Su cumplimiento es obligatorio para quienes trabajan en ese órgano. Habla de legalidad, imparcialidad, objetividad e integridad. Y aparece un detalle ‘incómodo’ para la explicación de que ciertas opiniones pertenecen a la esfera personal. El Código lleva la exigencia de integridad dentro y fuera del ámbito laboral, incluso frente a conductas ajenas a las actividades oficiales.

Una magistrada tiene vida privada. Discute, vota, se enoja, tiene ideas propias. La toga se queda en la oficina. El conocimiento jurídico sale con ella.

La discusión no consiste en determinar si la magistrada es feminista, antifeminista, conservadora o progresista. Puede profesar las ideas que quiera.

El problema surge cuando una convicción personal se adelanta a la prueba y alguien preparado profesionalmente para distinguirlas decide mezclarlas.

Después vino la disculpa. Bienvenida.

Pero la responsabilidad de una magistrada pertenece también a la institución que le confirió poder.

Ahora el sistema de justicia tiene una oportunidad bastante sencilla de demostrar… ¿para qué sirven sus códigos de conducta?

Para determinar si esas expresiones vulneraron las obligaciones éticas inherentes al cargo y qué consecuencia corresponde.

Resultaría absurdo reclamarle a Reyes Terán precisamente haber prejuzgado y después exigir su destitución inmediata, haciendo exactamente lo mismo. Tiene derecho a ser escuchada, defenderse y recibir una resolución. Pero ese derecho conduce también hacia la otra mitad de la ecuación… el sistema tiene la obligación de revisar la conducta de quien forma parte de él.

Eso es rendición de cuentas.

En 2019, el propio Tribunal celebraba cada día 9 de mes el llamado “Día por la Integridad”, precisamente para refrendar los valores éticos del servicio público y la observancia de su Código de Ética.

Si, después de una expresión pública de esta naturaleza, el famoso Código de Ética termina resolviéndose con un “ofrezco disculpas”, el sistema de justicia de la nación habrá conseguido simplificar maravillosamente su procedimiento de responsabilidades… para el ciudadano, debido proceso; para la magistrada, usted disculpe.

COLOFÓN: Sería lo mismo que un tránsito se cruce un semáforo en rojo, choque, se disculpe y se vaya a casa. O que un político se quede con el presupuesto de la nación ‘por error’…

El último ejemplo, mejor no lo tome en cuenta.

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@deandaalejandro.