Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó la revisión de la cuenta pública 2025 sin emitir observaciones ni requerir aclaraciones sobre el ejercicio de 7 mil 971 millones de pesos en participaciones federales destinados a los 43 municipios de Tamaulipas, informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria aseguró que el Estado cerró el proceso de fiscalización con cero montos observados y ninguna cantidad pendiente por recuperar para el erario, un resultado que, afirmó, refleja el fortalecimiento de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas implementados durante la actual administración.

“La administración estatal no tuvo recursos pendientes por aclarar ni cantidades por recuperar para el erario público”.

De acuerdo con la titular de la dependencia, las acciones en materia de prevención y combate a la corrupción han permitido mejorar los indicadores de cumplimiento y fortalecer los procesos internos de vigilancia en el manejo de los recursos públicos.

Uno de los principales datos que destacó fue la validación por parte de la ASF del manejo y distribución de 7 mil 971 millones de pesos en participaciones federales transferidas a los municipios tamaulipecos, sin observaciones derivadas del proceso de auditoría.

Además de los resultados en materia de fiscalización, Pedraza Melo señaló que otro de los avances se refleja en el incremento de servidores públicos que cumplen con la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Mientras que al inicio de la actual administración alrededor de 31 mil trabajadores del Poder Ejecutivo presentaban esa obligación, para 2026 la cifra asciende a cerca de 80 mil servidores públicos, lo que representa un crecimiento de más del 150 por ciento en el universo de funcionarios que cumplen con este requisito previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria sostuvo que, paralelamente, continúan las investigaciones y los procedimientos administrativos contra quienes incumplen con sus obligaciones legales.

"A la dependencia no le ha temblado la mano para sancionar a quienes no cumplen con esa obligación".

Precisó que durante la presente administración se han impuesto alrededor de 195 sanciones administrativas, de las cuales 134 derivaron en inhabilitaciones o amonestaciones, mientras que 52 corresponden únicamente a 2026, como parte de las acciones de vigilancia y combate a las faltas administrativas en el servicio público.