Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El mercado inmobiliario de Ciudad Victoria registró un incremento del 20 por ciento en la demanda de casas, terrenos y locales comerciales con un valor menor a 2.5 millones de pesos durante junio y julio, mientras que las propiedades con precios superiores a los 3 millones de pesos mantienen un bajo nivel de operaciones debido a los altos requisitos de los créditos hipotecarios y las elevadas tasas de interés.

El integrante de la directiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jaime Garza Hinojosa, informó que el sector comenzó el año con un comportamiento positivo, tuvo una desaceleración a partir de febrero y logró recuperarse durante los últimos dos meses, cuando aumentó el número de personas interesadas en adquirir vivienda, terrenos y locales comerciales.

Precisó que el mayor movimiento del mercado se concentra en inmuebles con un valor inferior a los 2.5 millones de pesos, segmento que actualmente registra la mayor demanda, mientras que las viviendas de más de 3 millones presentan pocas operaciones.

Explicó que el encarecimiento de los inmuebles y las condiciones impuestas por las instituciones financieras han dificultado la compra de viviendas de mayor valor. Como ejemplo, señaló que para acceder a un crédito para una casa de 3 millones de pesos, los bancos pueden solicitar comprobar ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales, requisito que limita el número de compradores potenciales.

En cuanto a la regulación del sector, Garza Hinojosa indicó que los profesionales inmobiliarios cumplen con las disposiciones en materia catastral, desarrollo urbano y prevención del lavado de dinero, normativa que ha reforzado los controles sobre las operaciones inmobiliarias.

Detalló que la legislación permite realizar operaciones en efectivo únicamente hasta por 940 mil pesos; cualquier monto superior debe efectuarse mediante transferencia bancaria.

Además, las operaciones consideradas vulnerables, es decir, aquellas superiores a ese monto, deben ser reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para garantizar la transparencia y acreditar el origen legal de los recursos.

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