Condenan a 25 años de prisión a falsas inspectoras por extorsionar a comerciante en Iztacalco
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Brenda "N" y María "N", tras acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión agravada en pandilla, luego de hacerse pasar por funcionarias sanitarias para exigir dinero a un comerciante en la alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2025, cuando ambas mujeres acudieron a un establecimiento de venta de alimentos portando chalecos e identificaciones falsas con las que simularon pertenecer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En el lugar, María "N" informó al empleado que el negocio sería clausurado por supuestas condiciones de insalubridad y aseguró que la sanción económica oscilaría entre 90 mil y 120 mil pesos.
Minutos después, el propietario llegó al establecimiento y, según la Fiscalía, las dos mujeres le exigieron 25 mil pesos para evitar la presunta clausura, bajo el argumento de que podían intervenir ante un supuesto coordinador.
El comerciante salió con el pretexto de reunir el dinero, pero durante el trayecto solicitó apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo acompañaron de regreso al negocio.
Tras verificar que las identificaciones presentadas por las mujeres eran apócrifas, los policías procedieron a su detención y las pusieron a disposición del Ministerio Público.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, peritajes y otros medios de prueba que permitieron demostrar la responsabilidad penal de Brenda "N" y María "N", por lo que un juez dictó una sentencia de 25 años de prisión para cada una.
Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso a ambas el pago de una multa por 565 mil 700 pesos.
La Fiscalía capitalina reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar y combatir la extorsión, con el propósito de proteger el patrimonio de la ciudadanía y llevar ante la justicia a quienes incurran en este tipo de delitos.
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