Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Las observaciones detectadas en las cuentas públicas deben traducirse en sanciones visibles para recuperar la confianza ciudadana, señaló la diputada local Mercedes del Carmen Guillén Vicente, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, al advertir que mientras no existan consecuencias ejemplares continuarán repitiéndose las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

La legisladora en Tamaulipas explicó que los dictámenes aprobados por el Congreso únicamente establecen la existencia de inconsistencias, pero corresponde a la Auditoría Superior del Estado determinar la gravedad de las faltas y promover las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

"Yo espero que existan consecuencias que sean visibles para la sociedad, porque mientras no haya un castigo para alguien, tampoco vamos a tener más allá de las cuentas públicas en este Congreso", afirmó.

Guillén Vicente señaló que las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta responsabilidades penales, dependiendo del tamaño de las irregularidades detectadas, por lo que pidió que la Auditoría informe con mayor claridad el avance de esos procedimientos.

"Yo quisiera que el auditor tome las medidas adecuadas en cada caso y que nos diga de qué tamaño es el pecado", expresó.

Aseguró que gran parte de las inconsistencias detectadas en las cuentas públicas de los municipios obedecen a la falta de capacitación de alcaldes, tesoreros y funcionarios responsables del manejo de los recursos públicos, más que a problemas en el proceso de fiscalización.

Explicó que la administración financiera municipal es compleja y requiere personal con preparación técnica, situación que no siempre ocurre, especialmente en los municipios de menor tamaño, donde incluso es difícil encontrar profesionales especializados.

"Yo creo que necesitan un taller exhaustivo antes de entrar a cualquier puesto de esta naturaleza, porque le responden al pueblo", sostuvo.

La legisladora agregó que el Congreso revisa los dictámenes elaborados por la Auditoría Superior del Estado bajo el principio de buena fe, ya que el órgano fiscalizador es el responsable de realizar la revisión técnica de las cuentas públicas.

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