Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mientras en México más de 85 mil personas privadas de la libertad permanecen sin una sentencia definitiva, en Tamaulipas cerca de 420 internos continúan en espera de una resolución judicial, una situación que evidencia los desafíos pendientes en materia de impartición de justicia y el rezago en la resolución de procesos penales.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 36.3 por ciento de la población penitenciaria del país se encuentra en prisión preventiva o sin una sentencia firme. En el ámbito estatal, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social reportó que alrededor del 10 por ciento de los más de 4 mil 200 internos recluidos en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas permanece en calidad de imputado.

El subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Miguel Ángel Limón López, reconoció que los tiempos de resolución de algunos procesos continúan siendo prolongados, lo que mantiene a decenas de personas privadas de la libertad a la espera de una sentencia.

“Más o menos un 10 por ciento son imputados que están en proceso de que les determinen sus sentencias. Desgraciadamente el sistema judicial hay veces que es un poquito lento, tardado, y hay algunos imputados que tienen hasta más de dos, casi tres años sin que los sentencien”, señaló.

Las cifras oficiales reflejan una problemática que no sólo afecta a Tamaulipas, sino que forma parte de un fenómeno nacional relacionado con la carga de trabajo en tribunales, la complejidad de algunos procesos penales y los tiempos de integración de expedientes.

Sin embargo, existen casos que superan ampliamente los plazos señalados por las autoridades. Uno de ellos es el de Enrique, interno del sistema penitenciario estatal, quien asegura haber permanecido casi una década en prisión sin conocer una sentencia definitiva.

“Voy a cumplir 10 años sin sentencia. Conozco pocos, pero sí hay varios compañeros que tienen bastantes años y tampoco tienen sentencia”, relató.

La situación ha sido señalada de manera recurrente por organismos defensores de derechos humanos y especialistas en materia jurídica, quienes advierten que la prolongación excesiva de la prisión preventiva puede derivar en afectaciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Organismos defensores de derechos humanos y especialistas en materia jurídica han advertido que la prolongación excesiva de los procesos penales puede traducirse en violaciones a derechos fundamentales, además de contravenir el principio de presunción de inocencia.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios sobre los límites temporales de esta medida cautelar, al considerar que la privación de la libertad sin sentencia no debe extenderse indefinidamente por causas atribuibles a las autoridades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la prisión preventiva no debe extenderse más allá de dos años por causas atribuibles a las autoridades encargadas de impartir justicia, salvo circunstancias excepcionales.

Los datos muestran que, pese a las reformas implementadas en el sistema penal acusatorio, la resolución oportuna de los procesos continúa siendo uno de los principales desafíos para las instituciones de justicia, particularmente en casos donde los imputados permanecen años en espera de una decisión judicial definitiva.

La permanencia de personas privadas de la libertad durante años sin una resolución definitiva continúa siendo uno de los principales retos del sistema de justicia penal, tanto a nivel nacional como en Tamaulipas.