Las recientes declaraciones del fiscal general de Justicia de Tamaulipas volvieron a poner en el centro del debate el caso de Yahleel Abdala Carmona.

La ex secretaria de Bienestar Social continúa enfrentando acusaciones por presuntas irregularidades millonarias durante su paso por el gobierno estatal.

Sin embargo, mientras las investigaciones avanzan en el discurso oficial, en los hechos la ex funcionaria sigue libre, lo que genera el debate político y social.

Porque para la ciudadanía resulta difícil entender cómo una figura pública señalada por presunto daño al erario -millonario por cierto- ha logrado mantenerse lejos de la acción judicial.

Las audiencias diferidas, justificantes médicos y recursos legales han terminado por alimentar la percepción de impunidad.

El lunes el fiscal aseguró que las investigaciones continúan y que el caso no está debilitado, sin embargo, el desgaste institucional ya existe.

La sociedad no mide a las autoridades por conferencias o declaraciones. Las mide por resultados.

Y en este caso mientras no exista una orden de aprehensión ejecutada o una resolución definitiva, el mensaje que recibe la población es que la clase política sigue teniendo privilegios.

El caso Yahleel se ha convertido en una prueba para el sistema de justicia tamaulipeco, no solamente por el monto de las acusaciones, sino por lo que representa políticamente.

Porque tenemos claro que cuando un ciudadano común incumple un citatorio judicial, las consecuencias suelen ser inmediatas.

Pero cuando se trata de personajes con poder político, los tiempos y formas parecen distintos.

Hoy el reto de la Fiscalía en particular la anticorrupción no es únicamente sostener el expediente. El verdadero reto es demostrar que en Tamaulipas la justicia puede alcanzar incluso a quienes durante años formaron e incluso forman parte del poder.