Durante los últimos años, México ha entrado en una dinámica donde las diferencias políticas parecen haberse convertido en diferencias existenciales, al grado de que una parte de la conversación pública gira alrededor de la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas crecientes, mientras otra se concentra en la fortaleza de las instituciones, la seguridad pública, la corrupción y la calidad de los contrapesos democráticos. Ambas preocupaciones contienen elementos legítimos y ambas, cuando son llevadas al extremo, corren el riesgo de transformarse en simplificaciones que terminan sustituyendo a la realidad por consignas.

Sin embargo, el momento que atraviesa México es considerablemente más complejo que una confrontación convencional entre gobierno y oposición, porque las diferencias actuales ya no se limitan a la discusión sobre políticas públicas específicas, sino que alcanzan aspectos mucho más profundos relacionados con la legitimidad misma del poder, de las instituciones y de las decisiones públicas.

Por primera vez en muchos años, el país parece estar discutiendo simultáneamente sobre distintas fuentes de legitimidad.

Existe una discusión sobre la legitimidad del Estado. Desde diversos sectores políticos estadounidenses surge una narrativa que presenta al crimen organizado como un factor con capacidad de influencia sobre determinadas estructuras de poder, mientras desde México emerge una narrativa que percibe muchos de esos señalamientos como mecanismos de presión política, económica o geopolítica dirigidos contra un país soberano. El debate deja entonces de ser exclusivamente sobre seguridad y se convierte en una discusión sobre quién tiene autoridad para definir la realidad mexicana.

Existe también una discusión sobre la legitimidad institucional. La transformación del Poder Judicial enfrenta dos visiones distintas sobre el origen de la autoridad democrática. Una sostiene que la independencia judicial depende de la profesionalización, la carrera judicial y la distancia respecto al poder político. La otra sostiene que las instituciones adquieren mayor legitimidad cuando responden directamente a la voluntad popular y rompen con estructuras percibidas como cerradas o alejadas de la ciudadanía.

Y existe además una discusión sobre la legitimidad política. La mayoría legislativa alcanzada por Morena es interpretada por algunos como un mandato democrático amplio para impulsar cambios de gran alcance, mientras otros la observan como una concentración de poder que exige mecanismos de equilibrio más robustos. Lo interesante es que ambas posiciones parten del mismo principio democrático y, sin embargo, llegan a conclusiones profundamente distintas.

Eso convierte al momento mexicano en algo más complejo que una simple disputa ideológica. Cada sector parece partir de una definición distinta de legitimidad. Para unos, la legitimidad surge principalmente del voto popular. Para otros, de la fortaleza institucional. Para otros, de los resultados. Para otros, de la soberanía. Para otros, del Estado de derecho. Cuando una sociedad comienza a discutir simultáneamente sobre todas esas fuentes de legitimidad, la construcción de acuerdos se vuelve muy difícil.

La historia demuestra que las grandes naciones enfrentaron dilemas similares. Estados Unidos nació en medio de desacuerdos profundos sobre la naturaleza de la Unión, el alcance del poder federal y la distribución de competencias entre los estados, mientras que décadas después una guerra civil dejó heridas cuya profundidad parecía imposible de superar. Aun así, la reconstrucción nacional avanzó porque terminó imponiéndose una convicción elemental según la cual ningún país puede aspirar a la prosperidad cuando una parte de sus ciudadanos considera que la otra constituye una amenaza permanente para su existencia política.

Europa enfrentó desafíos todavía mayores. Francia y Alemania protagonizaron conflictos devastadores durante generaciones y, aun así, dirigentes como Konrad Adenauer y Charles de Gaulle comprendieron que la prosperidad futura dependía de construir espacios de cooperación capaces de sobrevivir a las diferencias políticas e ideológicas. Lo que comenzó como una apuesta improbable terminó transformándose en uno de los proyectos de estabilidad, crecimiento e integración más exitosos de la historia contemporánea.

España enfrentó una transición particularmente compleja después de décadas de división política y social, aunque los Pactos de la Moncloa demostraron que era posible alcanzar acuerdos entre fuerzas que sostenían visiones profundamente distintas sobre el pasado y el futuro del país siempre que existiera claridad respecto a ciertos objetivos compartidos que debían colocarse por encima de la disputa cotidiana.

Lo más importante de estos ejemplos consiste en que ninguno surgió porque existiera armonía previa o afinidad ideológica entre sus protagonistas. Todos nacieron cuando los actores involucrados comprendieron que el costo de permanecer divididos comenzaba a ser superior al costo de construir acuerdos.

México parece acercarse a una circunstancia semejante. La eventual renegociación del T-MEC coincide con una etapa de transformación tecnológica acelerada, competencia geopolítica creciente y reorganización de las cadenas globales de valor, mientras la inteligencia artificial, la biotecnología, la automatización avanzada y la disputa económica entre las grandes potencias están redefiniendo las fuentes de crecimiento y competitividad de la economía mundial. La relación con Estados Unidos atraviesa una etapa particularmente delicada, marcada por tensiones en materia comercial, migratoria y de seguridad, justo en un momento donde la presión internacional sobre México parece destinada a incrementarse.

Y en este contexto, mientras México discute sobre las fuentes de legitimidad, el resto del mundo compite por las fuentes de prosperidad.

Mientras una parte de la conversación nacional se concentra en determinar quién tiene razón respecto al Poder Judicial, otra en defender o cuestionar determinadas narrativas sobre soberanía y una más en debatir sobre la naturaleza de los contrapesos institucionales, la competencia global avanza hacia terrenos donde se definirán buena parte de las oportunidades económicas de las próximas décadas.

Por esa razón, la discusión sobre los acuerdos nacionales resulta mucho más practica de lo que parece. No se trata de pedir uniformidad ideológica, ni de esperar que desaparezcan diferencias legítimas, ni de imaginar consensos absolutos sobre el rumbo político del país. La experiencia internacional demuestra que los acuerdos duraderos suelen surgir cuando actores con intereses distintos descubren que cooperar en determinados temas les resulta más conveniente que prolongar indefinidamente la confrontación.

Visto desde esa perspectiva, existen más coincidencias prácticas de las que normalmente aparecen en el debate público. A la fuerza política gobernante le conviene que la economía crezca, que la inversión llegue al país y que la relación comercial con Estados Unidos mantenga niveles razonables de certidumbre. A la oposición también le conviene. Al sector empresarial le conviene contar con instituciones eficaces, infraestructura moderna y reglas claras para invertir. A los trabajadores les conviene una economía capaz de generar empleos mejor remunerados y oportunidades de movilidad social. A los gobiernos estatales les conviene atraer inversiones, ampliar su base productiva y fortalecer su competitividad regional.

La inmensa mayoría de los mexicanos desea vivir en un país seguro, aspira a instituciones capaces de impartir justicia con eficacia y credibilidad, espera oportunidades para las nuevas generaciones y comprende la importancia de preservar la capacidad soberana de decisión frente a cualquier presión externa. Las diferencias aparecen cuando llega el momento de definir los caminos para alcanzar esos objetivos, aunque los objetivos mismos suelen reunir consensos considerablemente más amplios de lo que reflejan las discusiones cotidianas.

Por ello, cualquier esfuerzo serio de construcción nacional tendría que concentrarse menos en alcanzar acuerdos absolutos y más en identificar espacios concretos de cooperación. Resulta posible construir acuerdos parciales sobre seguridad, infraestructura logística, gestión del agua, fortalecimiento de capacidades tecnológicas, atracción de inversiones estratégicas, formación de talento especializado o aprovechamiento de las oportunidades derivadas del T-MEC y de la relocalización de empresas, del mismo modo que otras naciones comenzaron construyendo confianza mediante acuerdos específicos antes de intentar resolver diferencias mucho más profundas.

La confianza rara vez aparece al principio. La confianza suele surgir después de que los acuerdos producen resultados visibles, generan beneficios compartidos y demuestran que la cooperación puede ser más útil que la confrontación permanente.

La discusión pública mexicana suele concentrarse en quién tiene razón. Sin embargo, las naciones rara vez son evaluadas por la intensidad de sus debates internos. La historia suele medirlas por su capacidad para actuar cuando enfrentan desafíos externos de gran magnitud y por su habilidad para distinguir entre las disputas que pueden continuar formando parte de la competencia democrática y los intereses estratégicos que requieren coordinación, continuidad y visión de largo plazo.

La renegociación del T-MEC, la competencia tecnológica global, la presión estadounidense en materia de seguridad y la reorganización de la economía mundial constituyen desafíos que trascienden partidos, gobiernos y coyunturas electorales. Frente a ellos, el verdadero desafío para México consiste en determinar si será capaz de construir suficientes acuerdos prácticos para defender sus intereses estratégicos, aun cuando persistan desacuerdos profundos sobre muchos otros temas, entendiendo que las sociedades maduras no son aquellas donde desaparecen las diferencias, sino aquellas donde existe suficiente inteligencia política para reconocer que ciertos desafíos exigen actuar juntos incluso cuando el debate democrático continúa abierto.

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