Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas inicia este primero de mayo con las declaraciones patrimoniales que deben ser presentadas por todos los servidores públicos del Estado; 60 funcionarios han sido inhabilitados por omisos.

La titular de la dependencia, Norma Angeliza Pedraza Melo, dijo que la meta para la declaración de servidores públicos es del 100%, después de haber concluido el 2025 con un 92.27% (79,771 personas), actualmente se están realizando pruebas en Declara net para asegurar su correcto funcionamiento a partir de este 1 de mayo.

Advirtió que los servidores públicos omisos enfrentan requerimientos del órgano interno de control y, si no cumplen, se les da vista a la Dirección de Investigación y Anticorrupción; “ya van más de 60 personas que han sido inhabilitadas por no presentar la declaración final de cargo o la de modificación”.

Destacó que las sanciones administrativas no graves aplicadas por la Secretaría van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones de tres meses a un año; “el Tribunal de Justicia Administrativa aplica sanciones mayores, en esta ocasión se ha implementado un módulo permanente a partir del 1 de mayo para asistir a los servidores públicos en la presentación de su declaración patrimonial”.

De hecho, “la plataforma de declaración fue adaptada a Tamaulipas sin costo, transfiriendo el código fuente mediante convenio con la Secretaría de la Función Pública, sustituyendo un sistema obsoleto que requería Fiel, y solo alrededor de 3,000 servidores públicos presentan la declaración completa; el resto presenta la simplificada”.

Refirió que ahorita se hicieron pruebas del Declara net para que no vaya a haber ninguna falla en el tiempo en el que los servidores públicos tienen que llenar la información y enviarla, “por lo que nos vamos a asegurar que esté funcionando”.

Precisó que en el caso de quienes son omisos, el órgano interno de control les hace requerimientos, y de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas, tienen un periodo de tiempo para cumplir con el deber, “si no lo hacen, entonces pues sí tienen que darle vista a la Dirección de Investigación y Anticorrupción, es donde hemos abierto varios, sin embargo, también se han solventado porque en algún momento de la fase de investigación el servidor público ya la presentó, aunque sea de manera espontánea, lo hizo y solventa o corrige su conducta irregular”.

“Si se ha sancionado e inhabilitado a personas que se fueron por ejemplo y no presentaron su declaración final de conclusión del cargo, es deber presentarlo y también en la modalidad de modificación; un total de 60 personas han sido inhabilitadas por ser omisos en el cumplimiento de este deber La ley que dice de estas personas que se inhabilitan”.

El no cumplir es una falta administrativa no grave, es un incumplimiento normativo, “la ley nos establece varias sanciones que nosotros podemos aplicar desde la amonestación privada, amonestación pública, suspensión de institución o inhabilitación”.

Puntualizó que la inhabilitación que esta institución puede aplicar a una persona servidora pública por una falta administrativa no grave es de tres meses a un año, solo el Tribunal de Justicia Administrativa sí puede aplicar inhabilitaciones de 5, 10, 15 años, dependiendo de la falta y de la presunción del daño al erario que se haya gestado.