Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas no solo refuerza los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, sino que se posiciona como un referente en México en la lucha contra el cambio climático, subrayó Francisco Adrián Cruz Martínez, legislador local.

El impulso a esta agenda ambiental se sostiene en cifras concretas: 26 parques eólicos en operación, la actualización del Programa Estatal de Cambio Climático 2015-2030 y el registro de más de un millón de hectáreas destinadas a la captura de carbono, lo que coloca al estado en una posición estratégica dentro de la transición energética del País.

En el último año y medio, el avance no se ha limitado al desarrollo interno, Tamaulipas ha consolidado alianzas internacionales y mantiene una ruta enfocada en la reducción de emisiones industriales, en un contexto donde el estado genera aproximadamente 47.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, una de las cifras más relevantes del país en materia ambiental.

“El mensaje es claro, un futuro sostenible no es solo deseable, es alcanzable, y requiere el compromiso de todos”, añadió el legislador por Morena.

Cruz Martínez, quien preside la Comisión de Energía y Cambio Climático del Congreso local, enfatizó que la entidad ya se posiciona como líder en generación eólica, con proyectos en expansión orientados a descarbonizar la economía y diversificar la matriz energética.

En ese mismo sentido, refirió que en 2024 fue lanzada una estrategia estatal de cambio climático con visión al 2050, diseñada para enfrentar los impactos de fenómenos extremos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la adaptación social y económica ante riesgos climáticos.

“El plan aborda temas cruciales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a riesgos climáticos y la mitigación de los impactos sociales y económicos de fenómenos extremos”, explicó.

El marco institucional se complementa con la Ley de Cambio Climático actualizada en 2023 y la creación de un Fondo Estatal para financiar proyectos de adaptación, instrumentos que buscan dar viabilidad financiera a la política ambiental de largo plazo.

“Su propósito central es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las bases para una política climática coordinada”.

Finalmente, el legislador subrayó que la transición ambiental no depende únicamente del gobierno, sino de una corresponsabilidad social. “El cambio está en todos nosotros. Cada acción cuenta, cada esfuerzo importa”, señaló, al destacar la participación de municipios, sector privado, academia y ciudadanía como pieza clave para cumplir las metas climáticas del estado.