Sin menosprecio a su labor, pero experta en locución radiofónica en la zona sur de Tamaulipas -para comentar temas y escándalos de la farándula-, la ahora diputada local por Morena, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, se ha puesto en el reflector mediático por su intento de colocar una serie de reformas que, en el fondo, buscan inhibir la libertad de expresión, establecer “principios éticos” periodísticos, exhibir públicamente  mediante “extrañamientos” a comunicadores como en los tiempos mañaneros de AMLO, pero -hete aquí lo absurdo: crear un Colegio de Periodistas bajo la férula del gobierno del estado.

Es una propuesta de reformas ya bautizada como la #LeyComaye porque la legisladora Jaime Castillo es conocida como “La Comaye” en sus apariciones en la radio donde ha desgranado a diestra y siniestra, de modo poco ético, la vida de artistas.

Descubierta la intentona de censura, la iniciativa ha quedado en la oscuridad para conocer sus reales alcances que contravienen postulados y principios constitucionales, así como derechos internacionales, relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

Dos perlas que se han filtrado alrededor de la reforma de la #LeyComaye, según ella “para fortalecer la libertad de expresión”:

1.- “El colegio tendrá como fines… emitir recomendaciones éticas y, en su caso, extrañamientos públicos”.

2.- En caso de desobedecer el “Código de Ética Periodística”, se harán “extrañamientos públicos” y, con ello, “la deshonra pública, ya que su efecto es moral y reputacional (artículo 35).

Poco tino y mala sensibilidad política de quien se dice haber sido asesorada jurídicamente.

 La diputada Jaime Castillo había estado evitando aparecer en público, menos para hacer cualquier precisión, especialmente sobre ese diz que “Colegio de Periodistas” que tendría como objetivo -también- determinar o validar quién sí y quién no está en la aptitud de ejercer el periodismo, incluso ligándolo con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Un diario local tamaulipeco difundió que la legisladora local dijo que su propuesta “no es algo que salió de mí. Me lo entregaron firmado y por eso me atreví a presentarla”, señaló en su intento de control de daños. Peor para ella, porque parece haber sido instrumento y no artífice del intento censor, en tiempos preelectorales.

En sus comentarios, aseguró que el Colegio “no es coercitivo y de adhesión voluntaria”; que no contempla sanciones ni multas y tampoco establecería requisitos de licenciatura para ejercer la actividad periodística.

Y de las “recomendaciones éticas y extrañamientos públicos”, dijo que no son equivalentes a sanciones, y que serían los propios periodistas quienes establecerían sus reglas y lineamientos al interior del organismo, sin que la autoridad pudiera utilizarlos para limitar su labor informativa.

Pero resulta que la propuesta legislativa plantea que quien tendría a su cargo la gestión del Colegio sería la Secretaría General de Gobierno del gobierno estatal.

Ya el mundo periodístico se le ha ido encima a La Comaye. Posicionamientos de la Red de Mujeres Periodistas, apertura de una cuenta en change.org para firmar rechazo con la reforma, columnas críticas incluso de aliados, y análisis jurídicos.

Aberrante es que se quiera imponer un Colegio que debería surgir de los propios periodistas y de la academia, de manera autónoma.

Hasta ahora, la propuesta de la diputada Jaime Castillo -quien tiene en su haber señalamientos de agresiones contra periodistas en Altamira- parece no haber pasado de la oficialía de partes, pero está causando mucho revuelo.

Empezarán los deslindes de otros legisladores del mismo color y de la autoridad estatal, ni duda cabe.

Por principio de cuentas, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Rómulo Pérez, dijo que no pasará.

No quiso decir que la diputada Jaime Castillo es ignorante, pero sí que no midió el alcance, ni el contexto, ni revisó bien lo que presentó.

Luego entonces, si como dijo la legisladora no es de ella, ¿quién se la entregó?

Luis Alberto Rodríguez Juárez

Desarrolló una amplia carrera en medios periodísticos por 18 años; en oficinas de comunicación social de gobierno durante 12 años y ha proporcionado consultoría externa –desde hace más de 20 años- a agencias de comunicación y relaciones públicas así como a empresas de diversos sectores.

Ha colaborado en el diseño de estrategias, elaboración de materiales y está especializado en gestión de la comunicación en situaciones de crisis, análisis de tendencias en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como capacitación para fortalecimiento de habilidades de comunicación y vocerías.