Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una iniciativa en el Congreso del Estado busca sancionar con destitución, multas económicas e inhabilitación a servidores públicos que incurran en acoso sexual y hostigamiento dentro del ámbito laboral.

La diputada Elvia Eguia Castillo, señaló que la iniciativa plantea la incorporación de nuevos artículos que definan el acoso sexual como conductas de carácter sexual que afecten a otra persona, y el hostigamiento como acciones reiteradas ejercidas desde una posición jerárquica que generen un entorno laboral ofensivo o degradante

Dijo que a través de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado se podrá cerrar un vacío legal en la clasificación de estas conductas.

Reconoció que, aunque el Código Penal contempla sanciones para este tipo de actos, no existe una disposición específica que los considere como faltas administrativas graves cuando son cometidos por funcionarios públicos, lo que limita la aplicación de sanciones dentro de la administración.

“Cuando estas conductas se presentan dentro del servicio público adquieren una gravedad adicional, pues implican un abuso de poder institucional”, señaló.

Dijo que con ello, se abre la posibilidad de aplicar sanciones más severas dentro del servicio público, incluyendo la separación del cargo, suspensión temporal, sanciones económicas y la prohibición para ocupar nuevamente un puesto en la administración.

El planteamiento también contempla fortalecer los procesos de investigación interna, incorporando criterios de perspectiva de género para garantizar que las denuncias sean atendidas de manera adecuada y sin revictimización.

Datos oficiales citados en la propuesta señalan que alrededor del 26.9% de las personas trabajadoras han enfrentado algún tipo de acoso laboral, mientras que cerca del 22% de las mujeres profesionistas han sido víctimas de violencia o acoso en sus centros de trabajo.

Además, se advierte que estas conductas impactan directamente en la permanencia laboral de las víctimas, ya que en muchos casos optan por renunciar ante la falta de mecanismos efectivos de protección y sanción.