Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca brindar mayor respaldo laboral a servidores públicos que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad, mediante la reducción de su jornada de trabajo sin afectación salarial.

La propuesta, actualmente en revisión dentro de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos Primera, plantea la adición del artículo 17 Bis al Capítulo II, “Jornada de Trabajo”, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Al respecto, la diputada por el municipio de Río Bravo, Francisca Castro Armenta, explicó que esta modificación responde a la necesidad de reconocer legalmente el derecho al cuidado y a la vida familiar de madres, padres o tutores legales de personas con discapacidad.

“Se trata de garantizar que los servidores públicos puedan atender sus responsabilidades familiares sin que ello implique una reducción de ingresos o un riesgo para su estabilidad laboral”, expresó.

La legisladora detalló que la iniciativa busca fortalecer los derechos laborales de quienes laboran tanto en el ámbito estatal como municipal, estableciendo de manera expresa la posibilidad de reducir la jornada laboral sin disminución de sueldo ni obligación de reponer horas, lo que permitirá avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad y en mejores condiciones de trabajo para sus cuidadores.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más de 20 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad o limitación funcional, lo que representa cerca del 16 por ciento de la población. Aunque la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece principios de igualdad y no discriminación, persisten vacíos legales en materia de conciliación laboral para quienes ejercen labores de cuidado.

En el caso de Tamaulipas, datos del INEGI y del DIF estatal señalan que más de 150 mil personas viven con alguna discapacidad permanente, situación que implica una carga significativa para las familias, principalmente en la atención médica, educativa y social.

“Las familias que cuentan con apoyo institucional tienen mayores oportunidades de integrarse plenamente a la vida social y laboral, evitando el aislamiento. Además, esta medida impulsa un cambio cultural al reconocer que el cuidado es un asunto de interés público que debe ser respaldado por el Estado”, subrayó Castro Armenta.

Finalmente, la diputada destacó que la iniciativa también abona a la equidad de género, al considerar que la mayoría de las personas cuidadoras en México y en la entidad son mujeres. Con este reconocimiento legal, dijo, se contribuye a reducir brechas de desigualdad y a fomentar una mayor participación femenina en el servicio público bajo condiciones laborales dignas.