Ciudad Victoria, Tamaulipas. - A partir de enero, y después de detectar que más de 50 por ciento del personal del Poder Judicial del Estado (PJE) percibían ingresos por debajo del salario mínimo, se fortaleció el salario base, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales.

La presidenta del órgano de administración del Poder Judicial, Hilda Leal Gutiérrez, explicó que el incremento salarial, en una primera fase, será para 460 trabajadores, que van desde jefes de departamento hasta intendentes.

La idea, expuso, es que para el cierre del 2026, al menos mil trabajadores, de los 2 mil que conforman el Poder Judicial, tengan el incremento base.

“Tenemos más menos dos mil empleados, y aproximadamente el 50% están en esta situación -salario mínimo-. A partir de la primera quincena de enero se tomó la medida de incrementar el salario base”, precisó.

Señaló que esta medida busca dignificar las condiciones labores del personal judicial, por lo que el fortalecimiento salarial se convertirá en una realidad a lo largo del 2026.

“Fortaleciendo el salario base, van a impactar tanto en su prima vacacional, como en su aguinaldo, y así también una aportación para su retiro”.

Citó que había trabajadores que están recibiendo alrededor de 5 mil 200 pesos como salario base, y se les dio un incremento de 3 mil 155 pesos, para que alcanzaran un salario de 8 mil 398 pesos por mes, detalló.

Dijo que el Poder Judicial, como patrón, aportará el 3% sobre nómina, las aportaciones para IPSSET, el servicio médico, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Refrió que el aumento salarial se realizará en dos etapas: la primera fase demandará una inversión de 30 millones de pesos, con la expectativa de que antes de concluir el primer semestre del año se cubra la totalidad de los servidores públicos.

Comentó que el incremento salarial global asciende a poco más de 80 millones de pesos, recurso que permitirá mejorar las condiciones económicas del personal judicial.

Reiteró que el objetivo es garantizar que el personal perciba ingresos acordes a la ley y a los principios de justicia laboral, en congruencia con la administración estatal encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.